Hasta la fecha, pese a los años transcurridos y las evidencias expuestas, nadie ha sido detenido y enjuiciado por el ataque que se saldó, el 19 de junio de 2016, con ocho muertos y más de 150 heridos de bala.

Para avanzar, explica el defensor, urge que la fiscalía general, donde sí vemos buena voluntad, vaya más al fondo y más rápido. Por eso es urgente que se vuelva a hablar de Nochixtlán, que el tema salga de la invisibilidad en que se sumió en los años recientes.

A finales de febrero de este año, el ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué; quien fuera su secretario de gobierno, Carlos Santiago Carrasco, y el ex comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia fueron citados a declarar por el Ministerio Público federal que investiga el caso de Nochixtlán, junto con una docena más de funcionarios que estuvieron en el centro de la toma de decisiones en el ataque a esta población de la mixteca oaxaqueña.

Los interrogatorios se aplicaron en su calidad de testigos en un nuevo impulso que ha dado la Fiscalía General de República (FGR)a la investigación. La expectativa de la Coordinadora de Víctimas de Nochixtlán y de su defensa es que, de seguirse en esa línea, se llegue a citar incluso al ex presidente Enrique Peña Nieto. La intención es que todos ellos comparezcan en su momento como imputados, ya no sólo como testigos.

En opinión de este abogado oaxaqueño, no hay ningún otro caso en la historia de México en el que se pueda documentar más fehacientemente una agresión concertada de este tipo, como el de Nochixtlán. En estos momentos en los que el país necesita señales claras de justicia en el caso de delitos cometidos en el pasado, esta investigación es la gran oportunidad.

En la lista de citados a declarar, además de Cué y Sales, figuran –entre otros– Enrique Francisco Galindo, ex comisionado general de la Policía Federal (PF); el ex titular de la división de fuerzas federales de la PF Salvador Camacho; Jaciel Vázquez Castro, ex coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca; el ex secretario de Seguridad Pública del estado Jorge Alberto Ruiz Martínez; el ex coordinador de las fuerzas federales de la PF Jorge Isaac Trujillo, e incluso el notario público número 65 de Oaxaca, Blas Figueroa Montes, quien se distinguió por haber dado fe de que los policías que realizaron el operativo no portaban armamento, cuando ya a esa hora circulaban por todo el mundo fotografías y videos de los agentes en acción fuertemente armados, incluso con equipo de uso exclusivo del Ejército.

Peimbert reconoce que aunque no veo un andamiaje político que esté empujando para reforzar esta investigación, sí hay que reconocer una voluntad muy importante por parte de la entidad investigadora al citar a estas personas con posible responsabilidad.

Considera que ningún otro caso emblemático de un ataque del Estado a la población civil ofrece tal cúmulo de pruebas como el de Nochixtlán: Estamos hablando de que hay más de 400 horas de grabaciones en video sobre el ataque. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ese momento se le entregó una investigación de más de 6 mil fojas y la CNDH no quiso entrarle bien al tema.

Enumera algunos de los elementos más fuertes: Hay declaraciones hechas por el Cisen reconociendo que hubo una mesa de operación conjunta en la que se decidió cómo se iba proceder. Otro elemento es que un fedatario público se prestó para certificar que no estaban armados los policías, cuando hay suficientes documentales fílmicas y fotográficas para demostrar lo contrario. Otra prueba es la denuncia firmada por el personal médico de la clínica número uno del IMSS en Oaxaca, denunciando que elementos de inteligencia de la PF exigieron que en ese hospital no se atendiera ni a maestros ni a la población de Nochixtlán, solamente a los policías.