Nunca he sido partidario de un boicot. ¿Sanciones contra Italia después que Mussolini invadió Abisinia? Olvídenlo. ¿Sanciones contra España en la guerra civil? Baldaron al legítimo gobierno republicano. ¿Sudáfrica? Siempre pensé que los rufianes del apartheid sabían que les había llegado la hora: estaban demasiado rebasados en número para sobrevivir. ¿Sanciones contra Saddam Hussein? Risibles. ¿Sanciones contra Siria? No sirvieron para derrocar a Assad, así que vamos a sancionarla de nuevo. Y no olvidemos las sanciones contra Rusia. ¿Alguien ha visto que Putin recoja su tienda en Sebastopol?

¿Sanciones contra Israel? Hasta Uri Avnery estaba en contra. Tiendo a estar de acuerdo con él. PERO…

Sí, siempre hay un pero. Y, en este caso, merece las mayúsculas. Como muchas noticias importantes, el veredicto de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) contra la condena en Francia de 11 activistas que demandaban un boicot de productos israelíes quedó sepultado bajo la pandemia de obsesión periodística con el Covid-19. En 2015, con un trasfondo de condenas políticas del propio Israel, el más alto tribunal de apelaciones de Francia convalidó sentencias que condenaban a los activistas por incitación al racismo y antisemitismo.

Lo que esto significaba, en mi concepto –aunque ningún tribunal francés se atrevió a sugerir tanto–, era que cualquiera que intentara persuadir a los tenderos o comerciantes de París, Lyon o Marsella de no comprar naranjas, uvas o sistemas de seguridad de Israel era antisemita. Siempre he dicho y escrito que hay montones de nazis verdaderos y antisemitas en el mundo –a quienes todos debemos combatir–, pero que acusar falsamente de racismo a los críticos de Israel acabará por hacer respetable el antisemitismo.

No importa: fueron sentenciadas 11 personas que forman parte del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), acusadas del terrible crimen de distribuir volantes en el estacionamiento de un supermercado de Alsacia y vestir playeras con letreros que llamaban a boicotear productos israelíes. Se les ordenó pagar 13 mil euros en multas y daños a los grupos pro israelíes que entablaron la demanda original contra ellos. No es difícil, mirando en retrospectiva al proceso, ver por qué la CEDH no podía digerir esta obra de descarado teatro político cuando emitió su propio juicio, hace poco más de una semana.

Cuando el movimiento BDS demanda la retirada israelí de los territorios palestinos ocupados, Israel se ocupa en trazar un plan junto con los estadunidenses para anexarse –contra todo derecho internacional– la propiedad y territorio de árabes con los espurios argumentos de que los palestinos no tienen una nación y, por tanto, no califican como ocupados: solo viven en territorio en disputa. Es la misma frase que el Departamento de Estado, para vergüenza eterna, también usa, aunque, para ser justos con el mesiánico Trump, fue Colin Powell, como secretario de Estado de Barack Obama, el primero en ordenar a las embajadas estadunidenses que emplearan ese término cobarde. La insinuación israelí de que ahora puede engullirse la tierra de alguien sobre la base de que no cuenta con un pasaporte nacional fue un bocado que la Corte Europea nada más no pudo tragar.

El BDS –otro de esos acrónimos que detesto– se ha desvanecido de la vista en los meses pasados. Solo Reuters y el Irish Times –que tiene su propia historia de expropiación colonial– dieron espacio a lo que de hecho fue una noticia muy cáustica. Cuando uno se da cuenta de que el pecado original de los manifestantes franceses fue vestir playeras con la leyenda Palestina vivirá y mostrar en carritos de supermercado de Alsacia (en 2009 y 2010) que tanto los aguacates como las toallitas para bebé eran importados de Israel (y repartir volantes que hablaban de los crímenes de Israel en Gaza), no es difícil ver por qué los jueces europeos consideraron que todo el asunto era una charada.

Los franceses, según esta decisión, tendrán que desembolsar 101 mil 180 euros y devolverlos a los 11 hombres y mujeres indefensos que expresaron sus opiniones políticas y fueron criminalizados por ello.

El artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos garantiza la libertad de expresión. También es importante mostrar los grupos que presentaron las demandas contra los manifestantes por incitación a la discriminación: la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, Abogados sin Fronteras, Alianza Francia-Israel y la Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo.

Aún más importante es repetir lo que los siete jueces europeos concluyeron: que la convención deja poco espacio a restricciones a la libertad de expresión en el campo del discurso político o asuntos de interés general. El discurso político es a menudo virulento por naturaleza y fuente de desacuerdos. Sin embargo, es de interés público, a menos que degenere en incitación a la violencia, el odio o la intolerancia.

Francia ha violado el artículo 10 de la convención, decretaron los jueces. Es instructivo hacer notar que el caso francés fue presentado conforme a una ley de libertad de prensa que data de 1881. También es interesante que, mientras el mundo en general mira con indiferencia la campaña del BDS, el gobierno israelí se preocupa en extremo por sus efectos tanto en la economía del país como en su estatus internacional. En particular le inquieta el enfoque de los grupos de derechos sobre las armas y la tecnología que usa Israel para suprimir las manifestaciones palestinas, y que han sido fabricadas en todo o en parte en Europa y/o Estados Unidos. ¿Cuánto falta, por ejemplo, para que una familia árabe cuyo pariente ha sido muerto por un arma fabricada en la UE o EU demande al fabricante de armas en su propio territorio por vender sus productos a Israel?

Pero antes de que nadie aplauda demasiado fuerte por la independencia judicial europea –las decisiones de la CEDH tienen precedencia sobre los tribunales nacionales europeos–, vale la pena echar una ojeada también a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Acaba de decidir, después de adquirir fama de perseguir sobre todo a gobernantes negros africanos por violación de derechos humanos, que necesita mirar más de cerca los abusos perpetrados por los estadunidenses en Afganistán y por Israel en los territorios palestinos ocupados.

Ni Estados Unidos ni Israel ratificaron el Estatuto de Roma que instituyó la CPI, quizá deseando evitar que los arrastren a Holanda para someterlos a un poco de observación jurídica. Michael Pompeo, el actual esbirro de Trump en el Departamento de Estado, ya ha dicho que no permitirá que estadunidenses y sus “aliados en Israel… sean cuestionados por esa corrupta CPI”.

El Estado de Palestina es reconocido por las Naciones Unidas y ratificó el Estatuto de Roma hace cinco años. Pero, claro, también aquí Israel dice que Palestina carece de las características normales de un Estado soberano… que difícilmente podría poseer, puesto que se encuentra bajo ocupación israelí. Y ¿adivinen de qué acusó Benjamin Netanyahu a la Corte Penal Internacional en enero pasado? Adivinaron: de ser antisemita.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya