La nueva aplicación de controles de paso de ganado vacuno proveniente de Centroamérica a México, con objeto de enfrentar el contrabando permitido desde hace décadas, dividió las opiniones entre los integrantes de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. La oposición del PAN y PRI reclamó al director de salud animal del  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica), Juan Gay, la escasa acción gubernamental “porque hasta ahora no se ha detenido una sola jaula con animales, y no se ha detenido a un solo contrabandista”. 

Durante una reunión -a través de una plataforma digital- el funcionario de la Secretaría de Agricultura, argumentó que las acciones del servicio a su cargo se han limitado por la reducción del presupuesto en 75 por ciento. Esa declaración sirvió a los diputados opositores quienes dijeron estar aún más preocupados porque “nos damos cuenta de que el sector no es prioritario para el gobierno; menos aún, con el paso de mas de un millón de cabezas de ganado ilegal”.  

Eduardo Ron Ramos (Movimiento Ciudadano), presidente de la comisión de diputados, replicó lacónico: “No podemos permitir que se siga desmantelando el sector. Siguen ejerciendo una gran presión los grandes engordadores. Hay gran presión porque inciden en las políticas que adoptan en la secretaría”. 

En sus intervenciones, Juan Gay reitero que en Senasica, “estamos de acuerdo, estamos haciendo el mayor esfuerzo, y el parámetro que usted pide de cuantas jaulas hemos detenido, es un buen dato. Tiene razón, este programa debe modernizarse. 

No tengo esos datos, le juro que ya me dejo la mosca en la oreja. Vamos en la línea clara de hacer un mecanismo legal, y el que nos afecto fue un recorte del 75 por ciento que está obstaculizando las actividades de Senasica”. 

Al recordarle, desde la comisión de ganadería que el número de cabezas de ganado ilegales -que desde hace años han entrado por la frontera sur del país-, el doctor (en veterinaria) Gay ponderó que en el primer acuerdo para otorgarle legalidad al paso de ganado, se contabilizaron 286 bovinos legales, lo que “implica un gran camino legal. El interés es de mejorar la cosa, y estamos haciendo cosas”. 

No obstante el diputado Juan Francisco Espinoza (Morena), recordó que hace meses, “los de la bancada de Morena tuvimos una reunión con la secretaría de Economía, y le planteé que se pusiera una cuota para la entrada de ganado de Centro América a México. Ella manifestó esa inquietud de que si se imponían cuotas subiría el precio. ¡La gente en el campo, quien hace tres año vivía con 100 vacas hoy no lo puede hacer! Se ha metido mas ganado, yo diría que mas de un millón. Pedimos que no de quede abierto el mercado a todo lo que los importadores quieran, y es ahí donde está el problema”. 

Así, Juan Gay, expuso que el número de vacas ilegales se ubica entre las 700 mil y 800 mil cabezas. “Con el camino legal vamos a saber cuantas cabezas ingresan. Con cuotas desincentivaría el interés de los importadores. ¿Cómo la secretaría de economía va a marcar algo de lo que no tiene un control? Se podrían marcar cuotas de importación con un mecanismo legal, vamos a ver, si hay tanto entrada de producto ilegal. Vamos a esperar el mercado legal”. 

Para Juan José Canul (PRI), el escenario para los ganaderos no es halagüeño, porque “estamos legalizando con este paso lo que ya era ilegal, no dimos dos o tres pasos adelante para ir cuidando las inquietudes y realidades de todo eso. Que inquietud tenemos los productores, dejaremos de ser diputados en pocos meses ya, y tenemos que cuidar la desventaja que se genera al introducir un millón de cabezas de ganado.

“Usted nos dice que no hay recursos. ¿Le vamos a hacer el trabajo con dinero público a los que están importando las cabezas del ganado? Yo creo que ellos deben retribuir al Estado de ese esfuerzo. Hoy los productores de dónde van a agarrar para pagar mas pruebas, para pagar mas campañas. La cuestión es la responsabilidad de la Senasica, de los estados y de los productores, no debe cargarse al Estado el costo de la importación, lo deben pagar los importadores, porque ellos están haciendo un negocio y ese negocio está perjudicando a los pequeños y medianos productores”.