La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)se convirtió en “un negocio” para algunos abogados que buscaron lucrar con quienes han sufrido múltiples agravios, por lo que su “vocación humanista se pervirtió”, dijo la ex titular del organismo, Mara Gómez Pérez, en su carta de renuncia al cargo.

En una misiva fechada el 23 de junio, dirigida a la presidente de la Cámara Alta, Mónica Fernández, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez señaló que desde su nombramiento, el 10 de diciembre, desarrolló “un trabajo profesional para garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y emprendí un proceso de transformación profunda de la institución”.

Luego de recordar que el trabajo fundamental de la Comisión es atender a las víctimas de abusos graves de derechos humanos, Gómez lamentó que “la vocación humanista” del organismo “se pervirtió. Su naturaleza fue reemplazada con una fórmula clientelar, centrada en el reparto de recursos económicos, usando el dinero para pagar la falta de verdad y justicia”.

En el mismo tono, señaló que “en un país con altos niveles de impunidad, la CEAV se convirtió en un negocio  para algunos abogados particulares que, indiferentes ante el dolor, se acercaron a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y a otras víctimas para litigar contra la Comisión y así obtener honorarios millonarios de hasta el 60 por ciento de las compensaciones entregadas”.

La hoy ex directora del organismo recalcó: “se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas. No sorprende que en estas condiciones también se haya querido hacer de la CEAV patrimonio y botín de intereses políticos”.

Además de lo anterior, y “por si fuera poco, nadie se ocupó de consolidar una institución que es fundamental para el Estado mexicano. La CEAV no tiene un solo inmueble propio; más de la mitad de su personal se encuenta contratado de forma irregular  y todos los servicios básicos son contratados a proveedores particulares. Esas deficiencias de origen permiten hacer negocio con la institución y son la fuente de su enorme vulnerabilidad institucional”.

Pese a ello, dijo, “emprendimos el camino hacia una profunda transformación” para “corregir los errores y eliminar los privilegios”, pero “encontramos múltiples resistencias, amenazas, infundios y ataques de quienes quieren seguir lucrando económica y políticamente con el dolor de las víctimas.

“Hay quienes no están dispuestos a renunciar a componendas y abusos. Quienes se aferran a los privilegios que indebidamente han tenido por años, quienes se han empeñado en malinformar al Presidente de la República, a los funcionarios y la opinión pública”.

De igual manera, Gómez Pérez subrayó que “no se puede transformar una institución y atender eficazmente las responsabilidades que le competen, si no se cuenta con el apoyo necesario, tanto económico como institucional”.

Adjunto a la carta de renuncia, la ex funcionaria incluyó un informe de actividades en el cual destacó que del 1 de enero al 23 de junio de este año se atendieron a 16 mil 582 víctimas, con 34 mil 737 acciones, entre médicas, sicológicas, de trabajo social y orientación legal.

Asimismo, se entregaron 177.1 millones de pesos a 4 mil 539 víctimas, por concepto de alimentación, traslados, alojamiento, apoyos para búsquedas, gastos médicos y funerarios, compensaciones y medidas de restitución.