Ciudad de México. En México se instauró una “política de simulación” en torno a la persecución de la evasión fiscal, se legisló sobre el 69-B, pero jamás se atacaron a las empresas constituidas expresamente para ocultar ingresos, declaró Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación.

Durante una conferencia convocada por la Universidad Panamericana, el funcionario, que de la mano del Servicio de Administración Tributaria presentó un primer paquete de 43 empresas formadas expresamente para evadir impuestos, destacó que cada año se estaba desfalcando al fisco con casi 500 mil millones de pesos.

Por ello se hizo necesario equiparar la evasión fiscal con delincuencia organizada e incorporar penas de cárcel, agregó. “A grandes males, grandes remedios (…) Si estamos hablando que la evasión era de casi 500 mil millones de pesos, de ese tamaño debía ser el remedio”, resolvió.

Romero Aranda detalló que en los casos de empresas que hayan adquirido los servicios de factureras previo a 2020, se puede llegar a un acuerdo reparatorio, es decir, evadir otros procedimientos si la empresa o persona física que haya incurrido en la irregularidad lo pide y paga todos los pendientes fiscales que arrastra.

Pero “el acuerdo reparatorio es uno en la vida”, si una empresa vuelva a incurrir en evasión, el mecanismo ya no aplica. En ese sentido, añadió que ya en el ejercicio fiscal 2020 esta salida no es posible dada la nueva regulación.

Ello no implica judicializar todos los casos, puntualizó el titular de la Procuraduría Fiscal de Federación (PFF). Sólo donde sea patente un comportamiento sistemático de evasión y en el que estén vinculados al menos tres actores cuenta como delincuencia organizada.

Subrayó que a lo largo del procedimiento las empresas investigadas pueden documentar la materialidad de las operaciones por las que pagaron, mientras la PFF debe por su parte presentar pruebas de que el esquema estaba diseñado para mentir y evadir los impuestos.

Recalcó que en caso de que una persona o empresa se encuentre como clienta de una facturera, los mecanismos fiscales dan un plazo de tres meses para que se regularice. Si al cabo de ese tiempo no lo hace “podemos presumir que sí hubo un acuerdo criminal” y ese contribuyente sería contemplado para un procedimiento penal.

Frente a la bandera que el año pasado empresarios y partidos políticos izaron en contra de los cambios penales, el llamado “terrorismo fiscal”, Aranda subrayó que al contrario se había relajado las reglas, pero ahora implican un piso parejo para la inversión. “Si ya sabes que tienes que pagar, no hay lugar a interpretación”, asentó.