El obispo de la Diócesis de Tehuantepéc, Crispín Ojeda Martínez, junto con el obispo emérito y presidente del Centro de Derechos Humanos “Tepeyac”, Arturo Lona Reyes, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervenir en el conflicto social y político que se vive en la comunidad indígena ikoots tras el asesinato de 15 personas en San Mateo del Mar. 

La gravedad de estos hechos, añadieron, daña de manera “profunda a una comunidad indígena que, ante la desatención ancestral y actual por parte de los niveles de gobierno, ha traído como consecuencia una grave violación a sus derechos humanos: el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, al desarrollo, al acceso pleno de los derechos económicos sociales y culturales, el derecho a la paz”. 

En un comunicado, manifestaron su preocupación porque las acciones que han realizado el gobierno federal y el estatal no previnieron la violencia que se generó aun cuando se tiene conocimiento que el problema que viven los pobladores de San Mateo del Mar “es de alto riesgo para la vida, la seguridad y la paz”. 

Añadieron que dicha comunidad “vive un proceso donde la paz a la que tienen derecho ha sido trastocada”. Destacaron que desde el 3 de mayo pasado, fue privado de la vida el agente municipal suplente de agencia municipal de Huaztlán del Río; “desde tal fecha no se sabe que se haya procurado justicia por tal acontecimemiento”. 

Los obispos expusieron que el domingo pasado, fue convocada una asamblea comunitaria en la comunidad de Huaztlán del Río, “por ello personas que viven en la cabecera municipal al pasar por la comunidad de Reforma, fueron agredidos por un grupo armado; por ello decidieron regresar a la cabecera municipal y dejar a seis personas lesionadas.

“Posteriormente se dirigieron a la población de Huaztlán del Río, donde ocurrieron actos de violencia, y los vecinos comunican que al menos resultaron muertas 15 personas y otras lesionadas, sin que haya contacto con el apoyo de los cuerpos de seguridad”. 

Destacaron que como defensores de derechos humanos, les preocupa la violencia que existe en la comunidad indígena de San Mateo del Mar, pero sobre todo que puedan existir actores ajenos a ella que alientan la violencia. 

Instaron al gobierno federal a que garantice las medidas de apoyo y asistencia que señala la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del estado de Oaxaca, a los deudos de las personas fallecidas; se brinde atención médica a los lesionados en clínicas especializadas; se atienda a los niños niñas y adolescentes que se quedaron en la orfandad a través de asistencia psicológica y médica. 

Para las mujeres víctimas de violencia exhortaron a que se dé un trato diferenciado atendiendo a lo dispuesto por la convención sobre la eliminación toda forma de discriminación contra la mujer y en la convención interamericana para prevenir sancionar erradicar la violencia contra la mujer; se realicen las investigaciones penales y administrativas que correspondan, para que los hechos ocurridos no se queden en la impunidad, y se inicie un proceso de paz y reconciliación que garantice la pacificación interna de la comunidad, así como las poblaciones vecinas.