Ciudad de México. Entre 2013 y 2020 el gasto en infraestructura cayó 40 por ciento en términos reales. Esta tendencia se traduce en un freno de entre uno y dos por ciento a la capacidad de crecimiento en el país, que en ese mismo periodo avanzó 2 por ciento promedio anual, reportó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La caída en el gasto en obra pública se debe a que el espacio fiscal se ha reducido año con año, al aumentar los pasivos y obligaciones financieras del Estado. La crisis actual sólo profundiza una tendencia previa, explicó en videoconferencia Héctor Villarreal, director general del CIEP.

En ese sentido, el gasto en obra pública debe competir con otras necesidades de inversión como son la salud, la educación, la seguridad, incluso si hay una reforma fiscal. “El dilema está enfrente: o construimos un estado social o nos ponemos a invertir seriamente en infraestructura. No alcanza para las dos cosas”, subrayó.

El documento “Infraestructura en México Prioridades y deficiencias del gasto público” destaca que entre 2013 y 2020 el gasto público en infraestructura cayó 40 por ciento en términos reales y agrupa 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), economías asiáticas que hace más de 10 años eran similares a la mexicana invierten al año más de 10 por ciento.

En este periodo, 82 por ciento de los recursos se concentraron en cinco sectores. En energía, 47 por ciento; en vivienda, 21 por ciento; en comunicaciones y transportes, 9 por ciento; en educación, 3 por ciento; y en salud, 2 por ciento, detalló Christopher Cernichiaro Reyna, investigador del CIEP.

Como consecuencia, en la última década el número de camas disponibles para brindar servicios de salud se redujo a la mitad. México pasó de 1.8 camas por cada mil habitantes en 2010 a 0.9 en 2020, mientras que el gasto de inversión en salud se contrajo 57.2 por ciento en los mismos años. Incluso, destaca la disparidad entre los diversos esquemas. Mientras en Petróleos Mexicanos hay 4.2 camas por cada mil habitantes, IMSS bienestar cuenta con 0.2, al corte de 2020.

Por otro lado, si bien el sector energético recibió 47 por ciento del gasto en inversión pública entre 2010 y 2018, la producción energética disminuyó 30 por ciento. Ello se debe, en parte, a que 15 por ciento de los recursos destinados a este ramo no terminan en infraestructura, sino en el pago de pasivos y pensiones. Mientras, la infraestructura en particular vio una caída de 52 por ciento en términos reales.

En cuanto a vivienda, si bien 35 por ciento del gasto entre 2010 y 2020 se concentró en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son estos mismos estados los que presentan más carencias de vivienda entre 2010 y 2018. En ese contexto, abundó Villarreal, se verán enfoques regionales de inversión y mayor responsabilidad de las entidades federativas.

Por otro, lado continuó Cernichiaro Reyna, en la última década el gasto de inversión en educación se redujo 4.8 por ciento real cada año, el de infraestructura lo hizo en 16.3 por ciento. Mientras el único rubro que muestra alguna mejora es el de comunicaciones y transportes, por ejemplo, la longitud de la red nacional de carretera incrementó 8 por ciento de 2012 a 2018.

Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP subrayó que esta falta de infraestructura se traduce en una falta de acceso a derechos por parte de la población. En ese sentido, “la situación inédita” que representa la crisis actual debe empujar un estudio de costo-beneficio sobre los grandes proyectos de infraestructura de la actual administración y ver cómo se traducen realmente en mediano y largo plazo en mejorar el acceso a derechos.