La Habana. El viejo silencio sobre el racismo en América Latina y el Caribe frena al activismo que se suma a las manifestaciones mundiales por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidas y por sus propias víctimas de brutalidad policial, cuando el impacto de la Covid-19 amplía la brecha racial.

“Este estallido social pone en evidencia la hipocresía que prima en nuestros países de América Latina”, dijo a IPS Paola Yánez, la coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, con representantes de 21 de los 33 países de la región, además de migrantes en Estados Unidos.

“Se manifiestan en rechazo a la violencia contra los afroestadounidenses pero son incapaces de reconocer el racismo estructural en nuestros países”, lamentó la activista desde La Paz, en Bolivia. “Vivimos en sociedades que niegan el racismo porque no hubo segregación racial como en Estados Unidos o Sudáfrica”, explicó.

“La lucha antirracista nunca se detuvo”, continuó, “lo que estamos viendo ahora es el cansancio ante un sistema que tiene el racismo entre sus pilares y se retoman las calles”, de Estados Unidos, Europa y hasta Australia, aunque en el área con más de 130 millones de afrodescendientes se reportaron protestas apenas en Brasil, Colombia y México.

Y un grupo de ultranacionalistas interrumpió el homenaje “Una flor para Floyd”, que el 9 de junio intentó efectuar en el Parque Independencia, en República Dominicana, la oenegé Reconoci.do, que defiende los derechos de hijos e hijas de haitianos nacidos en ese país. Las dos naciones comparten la isla antillana de Hispaniola.

“Las denuncias de jóvenes negros asesinados por la policía siempre han estado en la agenda de los activistas negros de Brasil”, dijo a IPS la profesora universitaria Patricia Alves, desde la ciudad de Florianápolis, en el país que supera a Estados Unidos en cantidad y proporción de muertes de personas negras a manos de la policía.

Según la edición de 2019 del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, 75,4 por ciento de las muertes causadas por la policía son de afrodescendientes, en su mayoría jóvenes, en el país suramericano con 55 por ciento de su población negra y mestiza.

“El coronavirus trajo otra vulnerabilidad, si eso es posible. El adolescente João Pedro, asesinado por la policía, fue una prueba de que la mayoría de la población negra no tiene derecho a la cuarentena, incluso cuando está en casa”, alertó Alves, sobre un caso anterior a la muerte bajo custodia policial, el 25 de mayo, de Floyd en Minneapolis.

En una favela de Río de Janeiro, João Pedro Mattos, de 14 años, jugaba con otros niños en casa de su tío, el 18 de mayo, cuando recibió disparos en un supuesto altercado entre fuerzas policiales y delincuentes, que se encuentra bajo investigación. Los padres encontraron el cuerpo sin vida de su hijo 17 horas después en el Instituto Médico Legal.

Se han tomado tantas vidas… es imposible verbalizar tantos nombres”, lamentó la integrante de la brasileña Asociación de Educadores Negros. “Las personas pobres y negras y periféricas necesitan elegir entre morir del nuevo coronavirus o morir de hambre”, criticó.

El 19 de mayo, otro hecho de violencia policial extrema ocurrió en Colombia, en el municipio de Puerto Tejada, en departamento de Cauca. El joven de 21 años Anderson Arboleda quebró al parecer la cuarentena y se encontró con agentes, que le causaron graves lesiones en la cabeza por las que falleció, el 22 de mayo, en la ciudad de Cali.

“En Brasil muere una persona negra a manos de las fuerzas policiacas cada 23 minutos y Colombia tiene el mayor índice de asesinatos de activistas del mundo donde muchas de ellos son afrodescendientes”, aseguró a IPS desde Bogotá, el sociólogo puertorriqueño Agustín Lao-Montes.

Para Lao-Montes, “el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) se hizo viral por las redes sociales y es uno de los factores por las cuales ha resonado en América Latina y a través del mundo”.

“La ola global de protestas antirracistas luego del asesinato de George Floyd… nutre la conciencia y capacidad de acción de las fuerzas vivas contra el racismo en la región latinoamericana, las cuales ya habían sido cultivadas por el robusto activismo mantenido desde 1990”, evaluó.

Otros activistas en defensa de los derechos de la negritud señalan efectos negativos del fenómeno actual por la democracia racial en América Latina.

“No sé si me da tranquilidad o rabia que ahora es cuando ciertos medios, instituciones y movimientos sociales vengan a presentar atención y tomar nota de la gravedad de estos asesinatos en el área latinoamericana”, indicó el activista Alberto Abreu, desde la ciudad cubana de Matanzas, en el oeste de Cuba.

“Ojalá esos crímenes hubieran llegado a alcanzar toda la cobertura mediática y reacciones de rechazo que provocan cuando ocurren en Estados Unidos”, opinó.

En Cuba, donde el problema local es poco reconocido, las acciones por la muerte de Floyd se reducen a las redes sociales, con algunas menciones a hechos de violencia policial interna, de la que no existen datos públicos, sobre todo contra activistas políticos que se oponen al gobierno socialista el cual no los reconoce.

Activistas realizaron declaraciones, recogidas de firmas y el artista Luis Manuel Otero organizó el performance en línea “Un minuto sin oxígeno para Floyd”. Y circularon fotos de cinco activistas antirracistas que se reunieron con carteles el 10 de junio en un monumento al mártir afroamericano Malcom X, en un céntrico parque de La Habana.

“Se crea un ambiente que destierra de la mentalidad social y política latinoamericana la gravedad y especificidad del racismo en nuestros países, asumiendo que el racismo en Estados Unidos es más feroz que el nuestro”, reflexionó desde La Habana el activista cubano Roberto Zurbano.

La gran lección la tendrán que pensar los movimientos sociales y antidiscriminatorios, que replegaron sus demandas antirracistas en la última década y han visto como durante el Decenio Afrodescendiente su lucha ha sido coaptada por la política, la academia y la burocracia de organismos internacionales”, concluyó el también investigador.

La actual situación sucede a mitad del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyas propuestas por el reconocimiento, desarrollo y justicia para la población afro apenas han sido escuchadas ni implementadas por los Estados de la región.

“Pero no vamos a tirar la toalla. No olvidemos que el Decenio es creación de las redes de nuestro movimiento y uno de sus objetivos principales es fundar un Foro Permanente Afrodescendiente en la ONU, similar a como ocurre con los pueblos indígenas”, sostuvo Lao-Montes.

La Comisión Económica de América Latina y El Caribe (Cepal) estimó en un informe de diciembre de 2017 que la población afro era de 130 millones, que representa 21 por ciento de la población total de la región. Brasil acoge la mayor cantidad de personas afro y le siguen Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

El 28 de abril, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) emitió una alerta y recomendaciones a los diferentes países sobre las desventajas y desigualdades de esta franja en su informe “Implicaciones de la covid-19 en la población afrodescendiente de América Latina y el Caribe”.