Ciudad de México. Propietarios del predio donde se construye la línea 1 del Cablebús, que va de Ecatepec a Indios Verdes, interpusieron una ampliación de la demanda de amparo indirecto contra la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por los delitos de despojo y desposesión del predio, en el juzgado octavo de distrito en materia administrativa.
Además denunciaron ante el Poder Judicial de la Federación a la directora de Patrimonio Inmobiliario, Andrea González; al secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva; y a la encargada del Órgano Regulador del Transporte, Natalia Rivera, por la ocupación ilegal del terreno ubicado en la calle Juventino Rosas 49, en Gustavo A. Madero.
Con ello buscan detener las obras hasta que se resuelva la situación de Francisco Barco, dueño del predio, pues “las autoridades capitalinas se valieron de la emergencia sanitaria por Covid-19 para invadirlo, tras llegar a un acuerdo de compra-venta con el escritor Carlos Aldair Dovar, quien no tiene la posesión del lugar”, afirmaron.
En conferencia de prensa explicaron que el pasado 25 de mayo, las empresas ganadoras de la licitación irrumpieron con lujo de violencia en el sitio, ubicado en la colonia Cuautepec Barrio Alto, haciendo un boquete en la parte trasera, con maquinaria pesada, “pasando por alto el alegato civil interpuesto”.
Con documentos que acreditan la posesión del predio con una superficie de dos mil 744.50 metros cuadrados, por parte de su representado, el abogado Jorge Robledo, detalló que el pasado 15 de junio, se amplió la demanda de amparo indirecto, donde se incluyó también a la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González.
La funcionaria “apoyó a la Jefa de Gobierno para la ocupación del lugar y el desalojo del ahora afectado, cuando está vigente el amparo 526/2020, pues la obra está comprometida para diciembre próximo y un alegato de esta naturaleza obstruiría la construcción, por lo que decidieron invadirlo”, señaló.
El abogado argumentó que su cliente lleva más de 20 años en posesión del predio, que compró de buena fe a la tía del escritor Aldair Dovar, utilizándolo como criadero de gallinas y gallos de pelea, y estacionamiento, pero carece de los documentos de propiedad, pero “su posesión le generó un derecho para interponer un juicio de amparo”.
El Poder Judicial Federal “ya le dio trámite a su demanda, por considerarla un caso urgente y necesario, pero el cierre de los tribunales por la pandemia detuvo su reconocimiento legal como propietario”, explicó Rafael Molina, otro de los apoderados legales del afectado, que solicitó una entrevista con la Jefa de Gobierno.
Se trata, dijo, de “explicarle todas las argucias, mentiras, y juegos sucios que está haciendo el departamento jurídico del gobierno capitalino, las empresas licitadoras y el supuesto dueño, a quien su administración le pagó millones de pesos, para despojar al verdadero dueño de su predio”.
