Ciudad de México. La controversia constitucional que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), presentó el viernes a las 21 horas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acerca de la validez legal del acuerdo presidencial para mantener activas a las fuerzas armadas en la estrategia nacional de seguridad pública, no tomó en cuenta a los coordinadores de los partidos representados en San Lázaro.

El artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece en su numeral 2 que el líder cameral en turno tiene opción de interponer una controversia, siempre y cuando se trate de defender los intereses del órgano legislativo: El presidente podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, como lo dispone el artículo 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los periodos de receso.

A raíz de que la diputada Rojas recibió el apoyo de su partido, del PRI y PRD, el vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez consideró que la presidenta cameral observó a su gusto y al de su partido la norma interior del Poder Legislativo.

Ella interpreta que está defendiendo los intereses de la cámara, y no es sorprendente que no consultara a los grupos legislativos, pero sí obedeció a su partido el PAN. Es una actitud sectaria, es una anomalía porque tendría que haber un acuerdo. Su obligación es consultar a la Cámara. En este caso, ni tarda ni perezosa, presenta una controversia por decisión de su partido.

El recurso legal interpuesto en la Corte por Laura Rojas no se enlistará entre los temas del periodo extraordinario de 29 y 30 de junio, y será hasta el periodo ordinario –el primero de septiembre– cuando la mayoría de Morena y sus aliados, ordenarán se retire la referida controversia, situación a la que se suma el rezago en el trabajo de la SCJN por la crisis epidémica y, para esa fecha, Laura Rojas ya no será presidenta de la mesa directiva.

El pasado diciembre, la parlamentaria Rojas, desde entonces líder cameral, se negó, a pesar de la petición de Morena, a interponer una controversia constitucional contra el Instituto Nacional Electoral y en especial contra su Consejo General, cuyos integrantes declinaron reducir los sueldos de su alta burocracia.

Ayer, Laura Rojas defendió su controversia, después de un amplio análisis del acuerdo del Ejecutivo federal sobre las (sic) fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y de escuchar a organizaciones de la sociedad civil y a reconocidos constitucionalistas, considero que existen razones fundadas para solicitar que la SCJN revise su constitucionalidad.

En redes sociales, Pablo Gómez le respondió: La presidenta de la Cámara de Diputados carece de respaldo de la misma para presentar controversia en la SCJN contra el decreto presidencial acerca de la participación provisional de las fuerzas armadas en algunas tareas en conjunto con la Guardia Nacional. El recurso es espurio.

Por su parte, la dirigencia nacional del PAN respaldó ayer la decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados de presentar una controversia constitucional contra el uso de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia. En redes sociales hizo un reconocimiento a los cuerpos castrenses por su gran labor y consideró que se necesita darles certeza jurídica para ejercer sus funciones.

Los legisladores del PRI, en tanto, manifestaron: “Tal como lo advertimos con su publicación, este acuerdo podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, al implicar una invasión de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo y avalar de facto la militarización del país.”

Por su parte, Ángel Ávila, integrante de la dirigencia extraordinaria del PRD, señaló que la insistencia de Morena para que haya un periodo extraordinario en el Congreso prende la alerta de los integrantes del Bloque de Contención, del cual forma parte este partido, pues además de avalar las reformas pendientes del T-MEC, busca debatir las iniciativas del Ejecutivo en materia presupuestal y para desaparecer fondos y fideicomisos.

Añadió que hay otras iniciativas de urgente resolución para apoyar a la población afectada por la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, pero los morenistas le están dando la espalda a sus representados, pues sólo les interesa quedar bien con su líder. También en redes sociales, el perredista expresó basta de que el sello de los legisladores sea la zalamería y el interés general de la población.