Mónica Gretel Ruiz Anchondo, apoderada legal de la comunidad, sugirió que se trata de un crimen de Estado y mencionó que días antes Antonio había planeado una protesta en el aeropuerto de Barrancas del Cobre en el poblado de Creel, con la finalidad de denunciar el presunto mal uso del fideicomiso creado en 2016 para indemnizar a los pobladores por la construcción de esa pista.

La Fiscalía General del Estado en la zona occidente reportó que José Antonio murió durante una pelea en la cual su agresor lo golpeó con una piedra en la cabeza, además de provocarle heridas en el resto del cuerpo.

El organismo dio a conocer que testigos confirmaron el nombre del homicida, contra quien ya se giró orden de aprehensión.

Detalló que el cuerpo de Montes Enríquez fue localizado la noche del 6 de junio en la salida del poblado de Creel, municipio de Bocoyna, en dirección al lago de Arareco.

Antonio, de 43 años de edad, ya había sido baleado y a principios de 2020 le quemaron su vivienda en el poblado de Creel, dijo Ruiz Anchondo.

Además, el activista se oponía a la tala ilegal alentada por el crimen organizado en la región y rechazó la construcción del aeropuerto de Creel hace más de cuatro años.

La comunidad de Bosques de San Elías Repechique está integrada por 403 personas pertenecientes a 132 familias de indígenas que viven en 33 rancherías, en una superficie de 11 mil 300 hectáreas, pero quienes ejercen el derecho de posesión ante el Registro Agrario Nacional son pequeños propietarios mestizos que nunca han vivido en ese lugar.

La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas sólo reconoce como beneficiarios del fideicomiso a los habitantes rarámuris que firmaron el amparo contra la construcción de la pista, el cual derivó en una sentencia emitida el 27 de noviembre de 2014 por el juez octavo, Ignacio Cuenca Zamora.

En la sentencia del amparo 422/2014 obligó a crear el Fideicomiso Bosques de San Elías Repechique, al cual los indígenas han accedido en forma comunitaria y han utilizado para la construcción de un salón de usos múltiples, procesos de auditoría comunitaria en materia ambiental y una cooperativa de mujeres artesanas, entre otras necesidades.

El 28 de septiembre de 2016, el Congreso del estado publicó en el Diario Oficial el decreto que formalizó la conformación del fondo con 65 millones de pesos y ordena depósitos anuales de 8 millones 267 mil pesos y uno final en 2021, de 12 millones.

Posteriormente, el comité técnico del fideicomiso recurrió a argucias legales por años para que los indígenas que encabezaba Antonio no pudieran acceder a dichos recursos, dijo Ruiz Anchondo.

Montes Enríquez participaba en la disputa legal para tener acceso a los recursos que dicha comunidad recibió en 2014 por la construcción del aeropuerto.

Ruiz Anchondo recordó que hace tres meses los inconformes tomaron el aeropuerto para reclamar el fideicomiso, sin llegar a un acuerdo. Se tenía programada una nueva protesta, en la cual se denunciaría un presunto mal uso del fideicomiso para indemnizar a los pobladores y porque la obra, iniciada en la administración de César Duarte Jáquez, no se sometió a consulta.