El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, tramitó un amparo en un juzgado federal con sede en el estado de México, contra la orden de aprehensión que libró un juez en Guerrero por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, relacionadas con la investigación de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El recurso se encuentra en el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, sin embargo el juez aun no lo acepta a trámite.

De acuerdo con el resolutivo que radica en el expediente 389/2020, el juez Samuel Sánchez Sánchez,  concedió un plazo de cinco días ingrese vía juicio en línea el certificado digital de firma electrónica relativo al poder notarial otorgado en su favor.

En caso de no contar con el referido certificado digital o evidencia criptográfica, manifieste bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico relativo al instrumento notarial que acompañó a la demanda de amparo es copia íntegra e inalterada del documento impreso.

Asimismo señale  bajo protesta de decir verdad su domicilio ya que de acuerdo a los antecedentes, Tomás Lucio indicó que reside en Metepec, Estado de México; sin embargo, de la copia de la credencial para votar que se anexó al documento expedido por el Notario Público 72 de la Ciudad de México, quedó de manifiesto que su domicilio está ubicado en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, el cual coincide con el que se proporcionó el 25 de junio de 2019, cuando acudió a firmar el documento notarial otorgado.

“Se apercibe a la promovente que en caso de no cumplir con cualquiera de los requisitos anteriores, se tendrá por no presentada, acorde con lo previsto en el penúltimo párrafo del citado artículo 114 de la Ley de Amparo”. señala el fallo.

Tomás Zerón de Lucio y Carlos Gómez Arrieta, ex director operativo de la Policía Federal Ministerial, se han convertido en dos de los principales objetivos del gobierno federal en el caso Iguala, ya que hay órdenes de aprehensión en su contra, por tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, mientras que a Gómez Arrieta y al ex agente federal Julio Dagoberto Contreras se les acusa de tortura.

Aunque los hechos se denunciaron desde 2015, la investigación no progresó hasta el año pasado, cuando se hizo público el video donde se muestra como torturaba a una de sus víctimas: Carlos Canto Delgado.