El proyecto de iniciativa de Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, enviado a los integrantes de las comisiones de Gobernación y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados fue objetado por la mayoría de los representantes de los partidos, porque “rebaja los derechos indígenas”. 

En reunión vía electrónica, se decidió iniciar catálogo de foros en el país para ir al “fondo de las comunidades” y evitar la influencia de los liderazgos que han fallado en su trabajo. La oposición subrayó que el derecho de consulta a los pueblos indígenas ya se encuentra en la Constitución, “por lo que la ley reglamentaria deberá garantizar el proceso de consulta serio, que sea vinculante y sus resultados si sean considerados por las autoridades”. 

Martha Tagle (Movimiento Ciudadano) reiteró que la futura ley “deberá escuchar las voces de pueblos y comunidades indígenas, no solo a los representantes jurídicos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); sobre todo se debe escuchar a las mujeres quienes son la voz principal de defensa del medio ambiente, y se les debe escuchar frente a los proyectos como el del tren maya”. 

En a reunión conducida por las presidentas de las comisiones de Asuntos Indígenas y de Gobernación, Irma Juan Carlos y Rocío Barrera, la representante del PT, Roselia Jiménez, adujo que por vez primera en la historia se ha consultado a las comunidades indígenas de asuntos concernientes a su interés, y cuestionó la propuesta de organizar un foro para el efecto en San Cristóbal de las Casas , porque los pueblos se niegan a ir a San Cristóbal, mejor donde se hable lengua indígena como Ocosingo o Las Margaritas.”  

La diputada petista aseguró que los pueblos indígenas zapatistas rechazan el tren maya, pero “la mayoría si quiere el Tren Maya, y de donde soy en la zona fronteriza, el pueblo también quiere su tren maya.” 

Manuel García Corpus, de origen priísta, convertido al PRD, y posteriormente a Morena, consideró que todos los diputados tenemos derecho a mandar nuestras opiniones para enriquecer la ley, “nos corresponde a nosotros, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) solo es coadyuvante, pero no es determinante”.