Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles, académicos y activistas a título personas llamaron al Congreso de la Unión a impugnar el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, por considerar que no cumple con varios requisitos legales y “normaliza la militarización” de la vida pública del país.

En un pronunciamiento conjunto –firmado por colectivos como Amnistía Internacional México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre otras-- se llama a los órganos de dirección de ambas cámaras a intervenir de manera urgente en este tema.

De acuerdo con las organizaciones y expertos, el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, emitido por el Presidente de la República el 11 de mayo de 2020, 2no cumple con el régimen constitucional establecido en 2019 y lo tergiversa, normalizando la militarización de la seguridad pública en vez de propiciando su des-escalamiento gradual”.

Por lo anterior, instaron al Congreso de la Unión a “defender el pacto constitucional de 2019 e impugnar el Acuerdo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y recordaron que en diversos fallos internacionales resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se establecieron criterios puntuales que el Acuerdo del Ejecutivo incumple.

En particular, las sentencias de la CoIDH obligan a que la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública sea “extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. El Acuerdo, en contraste, no acota el uso a situaciones excepcionales, sino que las autoriza por todo el sexenio”.

Asimismo, debe ser “subordinada y complementaria a las labores de los cuerpos de seguridad civiles.

En contravención, el Presidente mandata la coordinación de la Guardia Nacional con la SEDENA y SEMAR, no la subordinación de las Fuerzas Armadas al mando civil y al ministerio público, como exige la Constitución”.

También debe ser “regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad”, mientras que el Acuerdo “invade la competencia del Congreso para establecer dicha regulación, remitiendo simplemente a funciones que corresponden a la Guardia Nacional, un cuerpo policiaco civil, no uno castrense”.

Las organizaciones firmantes alertaron que este mandato “se desatiende abiertamente pues el Acuerdo establece exclusivamente fiscalización de los órganos internos de control de las Secretarías, lo cual garantiza que no serán civiles ni independientes.

“Por estas razones expuestas y reconociendo que el problema de seguridad pública debe enfrentarse conforme con una respuesta de Estado y con base en el marco constitucional acordado en 2019, y no de forma unilateral, exhortamos al Congreso a ejercer con responsabilidad y mediante la vía institucional los contrapesos constitucionales que le corresponden, solicitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación devuelva al sistema nacional de seguridad pública a su cauce constitucional”.