Periodista Carmen Lira Saade
Directora General de La Jornada.
 
Estimada Directora:
 
En respuesta al artículo “¿Nos robará el tren el paraíso?”, de la profesora e investigadora del INAH Paloma Escalante Gonzalbo y publicado en La Jornada el pasado jueves 18, en el cual nos menciona, le pedimos la publicación del siguiente texto en que respondemos a algunas aseveraciones de la mencionada autora. De antemano gracias por las consideraciones que le merezcan la presente.
 
El paraíso robado
 
El pasado jueves 18 de junio leímos con mucho pesar en estas páginas el artículo “¿Nos robará el tren el paraíso?”, de la Sra. Paloma Escalante Gonzalbo, profesora e investigadora del INAH con posgrado en antropología social por la ENAH. Dicho escrito nos sorprendió no sólo por el candor y la ingenuidad que muestra la autora cuando se refiere al mal llamado “Tren Maya”, sino por su velado racismo con el que apela al paternalismo gubernamental de siempre para la  solución de los problemas de los pueblos indígenas de la Península de Yucatán.
 
Es precisamente ese racismo velado, no reconocido ni aceptado por las y los que lo ejercen, el principal problema que nos aqueja, pues de él se derivan todos los demás. Con este escrito nos proponemos analizar la sintomatología racista de la Sra. Escalante Gonzalbo, como estudio de caso. Procedamos por orden de aparición:
 
Dice doña Paloma que “Cuando recorremos los caminos y poblados, lo que encontramos son comunidades (...) que tienen tierras ejidales, los territorios ancestrales se perdieron hace siglos”.
 
¿Los territorios ancestrales se perdieron hace siglos? ¿De qué habla la autora? El que las formas jurídicas de propiedad de la tierra hayan variado con el tiempo no es culpa de los pueblos originarios, sino de los gobiernos en turno, que han ignorado –por costumbre racista– a sus habitantes. Pero dichos cambios de formas jurídicas no han borrado (como afirma la profesora e investigadora del INAH) nuestros territorios ancestrales ni nuestros derechos sobre éstos, aunque esa haya sido la intención de los gobiernos neoliberales que desde hace décadas tomaron el poder y lo siguen ejerciendo.
 
Por otro lado, doña Paloma sólo parece haber recorrido caminos asfaltados, sin haberse internado realmente en nuestro territorio sino sólo en sus orillas, y con ello pretende juzgar el todo (que no vio) por una pequeña parte (que tal vez sólo vio desde el automóvil). En la parte que no vio (y que no puede imaginar por culpa de su racismo velado) es donde vive más dignamente la cultura Maya, que es el alma de la identidad de cientos de miles de indígenas.
 
Luego dice doña Paloma que “Desde esa realidad la promesa del tren significa mucha cosas (...)”.
 
Y a continuación nos receta la autora el mismo catálogo de bondades y buenas intenciones que usó FONATUR en la promoción de la “consulta indígena” sobre el tren. En relación con esto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló el 19 de diciembre pasado: “la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso.”
 
Luego dice la profesora e investigdora que “Los pueblos han sido consultados, y, por más que haya habido quejas contra la consulta por parte de asociaciones civiles, la consulta fue muy bien recibida en las comunidades”.
 
Sin embargo, ONU-DH (que no es una asociación civil) llamó la atención en relación con el proceso de “consulta indígena sobre el Tren Maya” (noviembre-diciembre de 2019), diciendo que no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos, que establecen que “la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado”, así como de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1990 (México fue el segundo país firmante).
 
En este punto vale la pena poner en extenso tres párrafos del comunicado de prensa de ONU-DH sobre la “consulta” (disponible en el sitio web oficial de ONU-DH):
 
“Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta.
 
“En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades.
 
“Preocupa de manera particular a la Oficina la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos lugares para asegurar su inclusión. La ONU-DH considera que éstos deben ser reforzados y ser culturalmente adecuados para lograr que la voz de las mujeres esté legítimamente representada.”
 
Particularmente grave y preocupante es el cierre del artículo de doña Paloma, que dice así: “(...) el paraíso hace demasiados años que no existe, lo que ya no se puede es no hacer nada. Si transformar esto es lo que ofrece el gobierno, pues hay que poner en esto la esperanza, no a ciegas, sino acompañando, trabajando, vigilando para que las cosas resulten en beneficio del pueblo.
 
En este cuarto y último punto lo que se ve es un paternalismo racista a todo lo que da, pues dicho en otras palabras doña Paloma sugiere que la única vía para “transformar esto” (y por “esto” se refiere a su visión parcial, sesgada y discriminatoria) es lo que proponga, ponga y disponga el gobierno, aunque de entrada lo haga ninguneando y pisoteando los derechos fundamentales de los pueblos originarios, y violando abiertamente acuerdos internacionales del calibre del Convenio 169 de la OIT (vigente desde 1990) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (de 2007). ¿Cómo se puede tener confianza y esperanza en el gobierno cuando su plan de tren tiene un comienzo así? Tal vez sólo se pueda a ciegas.
 
Por cierto, y para finalizar, hay que decir que FONATUR ha estado contratando “consultorías” para lavar y tratar de limpiar la imagen depredadora y siniestra del mal llamado “Tren Maya”. En particular, nos parece sumamente grave que el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), se haya prestado a ese juego sucio pues se ha convertido no sólo en “consultor” (cobrando por ello varios millones de dólares), sino que ya es un promotor descarado del “tren”. Como muestra, en el sitio web de ONU-Hábitat puede leerse: “El Tren Maya es más que un tren. Es una oportunidad de ordenar el territorio para traer desarrollo sustentable e inclusión a la región”.
 
Grave, muy grave es que ONU-Hábitat no vea ningún conflicto moral ni ético en seguir cobrando dinero público de los mexicanos y seguir ayudando al gobierno federal en la violación de acuerdos internacionales, tal y como lo ha señalado la misma ONU (a través de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH), como se señaló líneas arriba.
 
Sin otro particular, nos despedimos agradeciendo a La Jornada la publicación de esta respuesta.
 
Por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal