Buenos Aires. Mientras sesionaba un organismo gremial que representa a 17 sindicatos de todos el país para comunicar el apoyo de los trabajadores a la intervención de la empresa agroexportadora Vicentin en Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo entró al lugar a golpes quemó y pintó paredes, lo que fue considerado como parte de un abierto llamado a la violencia de los mismos sectores empresariales del agro, que encabezaron el paro golpista contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner entre marzo y julio de 2008.
El secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, Juan Carlos Schmid repudió “el vandálico y grave” accionar contra la sede sindical, y que ocurrió cuando la conducción sindical elaboraba un documento a favor de la intervención y expropiación de Vicentin junto con otros sindicatos y movimientos sociales.
Por esta razón se le relaciona con varias acciones que se realizaron en Avellaneda, provincia de Santa Fe, sede de Vicentin, los poderosos empresarios agroexportadores, que ahora alentados por la Sociedad Rural convocan a un nuevo paro, aunque la relación de fuerzas no los favorecen.
Vicentin está en proceso de quiebra y con deudas millonarias con más de dos mil exportadores pequeños, que acompañan al gobierno en su decisión, como los trabajadores y además tiene deudas con bancos locales, extranjeros y el Estado Argentino.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se violaron las normas crediticias del Banco de la Nación y se prestó a los dueños de Vicentin millones de dólares durante meses poco antes de dejar el gobierno, lo que fue considerado una estafa al Estado y a la entidad crediticia. Además el dinero fue desviado. La deuda al Estado y productores es de mil 500 millones de dólares y se comprobaron varias maniobras ilícitas para vender esa empresa a fondos extranjeros.
El ataque contra el gobierno está alentado por la opositora alianza Juntos por el Cambio, encabezada por la derechista Propuesta Republicana (PRO) bajo la presidencia ahora de la ex secretaria de Seguridad del gobierno de Macri, Patricia Bullrich, ligada a sectores de inteligencia de Estados Unidos e Israel.
El PRO está al frente de la dura campaña de prensa contra el gobierno por el tema de la cuarentena, y hostigando cada medida que toma esta administración. Precisamente durante la presentación por los seis meses de gobierno de Fernández realizada hoy ante el Senado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, éste reseñó la dura negociación para reestructurar la deuda en el marco de haber asumido el gobierno el 10 de diciembre pasado con una cesación de pagos de la deuda externa, que se disparó en cuatro años del gobierno anterior a casi 200 mil millones de dólares. La deuda es de 91 por ciento del Producto Bruto Interno y en estos momentos se negocia con los bonistas.
Además reseñó todo lo actuado para reconstruir un sistema social y de salud afectado por la desinversión, ya que la pobreza también se disparó a más del 40 por ciento. Sobre este cuadro se montó la pandemia del coronavirus, por lo cual se dispuso desde marzo pasado una cuarentena, que permitiera preparar parte de ese sistema de salud abandonado haciendo malabarismos.
En este escenario, el escándalo del espionaje crece, y se informó que además de políticos y abogados ,jueces, detenidos políticos, ente los espiados durante el gobierno de Macri, figuran familiares de éste como su hermana menor Florencia Macri y su esposo eran espiados. Antes lo fue su fallecida hermana Sandra y su marido, al parecer por temas de la herencia.
