Detalló que antes de la emergencia sanitaria por el Covid-19 había un inventario de 15 mil 723 viviendas nuevas, de las cuales 3 mil 783 están entre un millón y 2 millones de pesos; 3 mil 525 en el rango de hasta 3 millones, y más de la mitad, ocho mil 415, por encima de este costo, lo que las hace inalcanzables para los créditos que se ofrecen.

En años recientes esto ha generado una mayor gentrificación en la ciudad y que la base de la pirámide económica tenga que ejercer sus créditos en los municipios conurbados con todos los costos que conlleva, por lo que se busca revertir esta situación.

Agregó que en la ciudad el precio del suelo no ayuda a ofrecer vivienda económica incluyente, por lo que se optó en retomar la norma 26, que fue suspendida en 2013, pero quedó activa para tres dependencias del gobierno: Instituto de Vivienda (Invi), el Sistema de Transporte Colectivo Metro y Servimet.

Por lo pronto se trabajan con esta dependencia para conformar fideicomisos público-privados que estarán sujetos a la norma 26 en la que el costo de la vivienda nueva tiene un tope de hasta 30 salarios mínimos anualizados, lo que representa un millón 350 mil pesos, que está alineado a los créditos que otorgan el Infonavit y Fovissste.

La iniciativa privada aporta el terreno al fideicomiso, se obtiene el financiamiento a través de créditos puente, se construye y es este organismo el que hace el régimen de la propiedad en condominio y verifica que se venda el precio que marca la norma.

La ventaja de aplicar la norma 26 –que en el pasado generó abusos por parte de las inmobiliarias que vendían a un precio mayor al establecido los departamentos– es que permite redensificar y elevar el número de niveles permitidos en un predio.

Durante el foro virtual La reactivación económica a través de la industria de la construcción, señaló que se propuso al gobierno capitalino también un régimen de excepción como el autorizado para la construcción de 17 megaproyectos en la avenida Paseo de la Reforma, con los proyectos de las mipymes que cuenten con el uso de suelo y sean menores a los 10 mil metros cuadrados.

Es decir, que te puedan dar un aviso de construcción en un plazo de 30 días, y luego tengas un periodo de seis meses para hacer los estudios correspondientes con una carta compromiso del desarrollador de que cumplirá y después se haga la verificación. que desde que empezó la emergencia sanitaria se han trabajado varias propuestas con las autoridades en las que no sólo se incluyen las facilidades administrativas, también la obtención de créditos y se espera que en breve sean anunciadas por el gobierno local.