Ciudad de México. En América Latina son muy pocos los países que tienen un marco normativo en pro de los defensores del medio ambiente, que deriva en la dramática situación de agresiones y violaciones a los derechos humanos y asesinatos que viven en la región estos activistas y las organizaciones que los protegen, se dijo en el Webinar que analizó la importancia del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en la región.
En el participación de varios especialistas, se dijo que aunque México es uno de los pocos países con esta normatividad, persiste esta situación agresiones contra los defensores y activistas medioambientales y sus organizaciones, donde el mecanismo de protección implementado por el gobierno federal tiene una “eficacia limitadas”, con escasos recursos y sin una verdadera comunicación entre las diferentes instancias gubernamentales.
Valeria Torres, oficial de Asuntos Económicos de la División del Desarrollo Sustentable de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (Cepal), explicó que el Acuerdo del Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que aunque firmado por algunos países, aún falta su ratificación.
En el caso de México, a pesar de que fue un fuerte impulsor del acuerdo y ser el primero en suscribirlo en Naciones Unidas, aun está en proceso su ratificación, donde actualmente la cancillería realiza las consultas necesarias a diferentes instancias de gobierno, para turnarlo a la Presidencia de la República y de ahí al Senado.
Itzá Castañeda de la Oficina Global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, refirió al tema de género, que no está del todo explícito en el acuerdo regional de Escazú. Dijo que se ha documentado ampliamente las agresiones que sufren las defensores ambientales mujeres, tan graves como las que sufren los hombres, pero que existen una carga de género.
Por ejemplo, dijo, la intimidación y agresiones que sufren las defensoras son distinta, tienen una carga sexual por ser mujeres, incluso en el acoso y hostigamiento cibernético. Uno más, añadió, es que como parte de las medidas de la pandemia de Covid-19 se dejó en libertad a algunas personas defensoras de derechos medioambientales y ahí también fue mucho menor el número de ellas que se salieron libres, es decir, hay un una mayor de criminalización en contra de ellas y de su participación en movimientos sociales.
Por su parte, Andrea Cerami, gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señaló que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del gobierno federal la hace falta una visión preventiva, pues esencialmente ja sido una posición de reacción ante los hechos.
Tampoco tiene una visión de protección colectiva, pues en muchos casos la defensa del territorio o del medio ambientes se hace desde la comunidad y desde lo colectivo. “El mecanismo está limitado en su eficacia, además de que tiene escasos recursos y mejor comunicación entre las diferentes entidades gubernamentales.
