Santiago. El gobierno chileno rechazó la idea de hibernar a Santiago u otras ciudades para atajar la "catástrofe" sanitaria del Covid-19 que hasta ahora se propaga incontenible, pero prometió reforzar el control policiaco y militar con 70 mil efectivos desplegados para impedir la circulación por las ciudades en cuarentena.

En la conferencia diaria para dar cuenta de las víctimas que va dejando el coronavirus -más de 220 mil contagiados, tres mil 615 muertos (232 este miércoles) y la tasa mundial más alta de contagios por millón de habitantes-, las autoridades de salud se hicieron acompañar del ministro de Defensa, Alberto Espina, quien usó un tono a la vez críptico y amenazador para exigir responsabilidad a los ciudadanos y para enfatizar las penas de cárcel con que se buscará castigar a quienes consideró irresponsables.

"El presidente Sebastián Piñera decretó la renovación del estado de catástrofe con una misión: salvar la vida de nuestros compatriotas y proteger la salud de todos los habitantes de Chile. Esa misión la vamos a llevar adelante, liderados por el Presidente y bajo la conducción del Ministerio de Salud, con el total apoyo de las fuerzas armadas y las policías. Eso lo vamos a hacer contra viento y marea y es una misión noble porque significa salvar vidas, y en este momento hay 70 mil 20 efectivos (de los cuales 30 mil son militares) desplegados", dijo en tono severo Espina.

El ministro celebró que está pronto a ser aprobado un proyecto de ley que "aumenta considerablemente las penas a quienes infringen las medidas sanitarias", pasando de 541 días a cinco años de cárcel y que incluye a quienes convocan a espectáculos, celebraciones o festividades, lo mismo que a los empleadores que obliguen a sus trabajadores a realizar actividades sin obtener los permisos del caso.

"El que infringe (las restricciones) va a tener que someterse a esa penalidad porque no puede haber contemplación con quienes están poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas", dijo.

Espina aseguró que en los tres meses de pandemia, hubo 17 millones de fiscalizaciones a personas y 6.5 millones de vehículos, pero que pese "al esfuerzo que se ha hecho, no ha impedido que personas de manera irresponsable, ponga en riesgo la vida de los compatriotas por no cumplir con medidas sanitarias".

La fiscalización en terreno, dijo, será "extraordinariamente rígida y rigurosa, en las avenidas relevantes", también a los peatones, aunque eso signifique largas demoras, para reducir la movilidad al 50 por ciento.

La subsecretaria de Salud, Katherine Martorell, quien usó la palabra "catástrofe" para describir la situación, fue la encargada de rechazar la propuesta de clausurar Santiago, realizada ayer por un grupo de expertos.

"No es posible hablar de una hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta a calidad de vida de las personas que están en cuarentena, no permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios básicos, pero vamos a restringir al máximo los permisos porque si no disminuimos el desplazamiento, no vamos a lograr el objetivo que es salir adelante de esta catástrofe, de la pandemia", mencionó, luego de detallar las mayores restricciones fiscalizaciones.

La sensación tras el mensaje de amenaza desplegado este miércoles por el gobierno chileno, no sólo es que la pandemia se les ha escapado de las manos, sino que no está a la vista un horizonte cercano para siquiera atenuar la propagación del virus.

El ministro de Salud, Enrique Paris, se negó a hacer proyecciones del estado de la situación, o a hablar de pronósticos de máximos o de mesetas en la curva de contagios, a la vez que se transmite a las personas el deber de permanecer en sus casas, cuando la ayuda estatal es escasa, tardía e incierta, "la de un país miserable", decía estar tarde un comentarista.