Madrid. El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, cobró alrededor de 4.2 millones de euros (105 millones de pesos) por mediar en una operación inmobiliaria en Playa del Carmen, “a mediados de la década de los 90”, en la que participó la multinacional de la construcción OHL. El pago se realizó a una empresa fantasma en 2009, creada por el ex monarca y ubicada en un paraíso fiscal.

El primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, declaró a la fiscalía suiza que la operación ocurrió a mediados de los 90, entre las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Fue la época en que la multinacional española invirtió en el caribe mexicano, primero con la construcción del complejo turístico Ciudad Mayakoba y después con la absorción de las empresas Huarte y Obrascón, en una operación impulsada por el entonces presidente y fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, hoy fuera del cargo y acusado ante múltiples tribunales por corrupción.

Entre dichos cargos está el del pago de comisiones ilegales al rey Juan Carlos para la construcción del tren de alta velocidad a La Meca.

El portal de Internet español OK Diario informó que Orleans declaró ante la fiscalía: “A mediados de los años 90 tuve conocimiento de unos terrenos destinados a la venta en México, para ser más exactos en Playa del Carmen. Estas tierras pertenecían a una empresa caribeña, esencialmente mexicana”.

El fiscal suizo Yves Bertossa quien interrogó a Orleans es el hijo de Bernard Bertossa, el fiscal que investigó las cuentas ilegales de Raúl Salinas de Gortari y de su entonces esposa, Paulina Castañón.

Los tribunales suizos llevan adelante una investigación más amplía para esclarecer las cuentas en paraísos fiscales del rey emérito, quien pretende evadir al fisco y a la justicia tras cobrar varios cientos de millones de euros por sus mediaciones con otros gobiernos para conseguir contratos públicos a empresas españolas, entre ellas la multinacional OHL, presidida por el mexicano Luis Amodio.

El Congreso de los Diputados volvió a rechazar crear una comisión investigadora como exigen grupos de oposición, sobre todo independentistas y nacionalistas, además de Unidas Podemos, que actualmente es socio de gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que se opone a la medida.