Ciudad de México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) acordaron una mesa de trabajo para exponer sus posturas, propuestas y preocupaciones entorno al herbicida glifosato que se utiliza en la siembra de múltiples alimentos y del cual hay artículos científicos que hablan de los efectos dañinos al medio ambiente y la salud.
En un comunicado se informó que el titular de la Semarnat, Víctor M. Toledo; el director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentarioa (Senasica), Javier Trujillo, y el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, se reunieron de manera virtual el pasado 12 de junio.
“Durante el acercamiento resaltaron varias coincidencias, entre ellas la voluntad de trabajar juntos en la búsqueda de alternativas que sustituyan el uso de plaguicidas y en el manejo sostenible de la producción agrícola”, expuso la secretaría federal.
Se acordó la conformación de un grupo de trabajo entre Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el CNA para hacer un plan que incorpore las necesidades de los productores y las propuestas del Consejo para tratar de llegar a acuerdos concretos.
En principio, plantearon intercambiar información sobre investigaciones, usos, impactos, experiencias, gestiones y demás aspectos del glifosato para contar con más conocimiento y sumarlo a lo expuesto en la “Estrategia Nacional para Evitar los Riesgos al Ambiente por los Plaguicidas en México”, la cual surgió de un taller convocado por la Semarnat en marzo de este año con la participación de todos los sectores de la sociedad.
El secretario Toledo Manzur dijo que el glifosato sólo es un caso particular de “80 plaguicidas que en México pasaron de noche para su regulación por parte de las autoridades ambientales, de los cuales varios están prohibidos en el resto del mundo”.
Explicó que este tema está ligado “a una de las siete grandes transiciones” que impulsa la Semarnat: la reconversión del modelo agroindustrial a un sistema agroecológico, a partir de una secuencia gradual para ir caminando hacia la supresión total de plaguicidas.
Al respecto, Bosco de la Vega señaló que los productores están “interesados y comprometidos” con el cuidado de la salud y de sus tierras. Hizo énfasis en que “prohibir el glifosato sería un duro golpe para los productores de este país. El rendimiento promedio de los cultivos en nuestra experiencia, dependiendo de la zona, está entre el 20 y 50 por ciento.
“La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) reconoce el impacto de las malezas como un problema y señala que las pérdidas anuales al año en países en desarrollo se estima en 125 millones de toneladas de alimento, suficientes para alimentar a 250 millones de personas”, dijo.
Propuso la conformación de una mesa de trabajo tripartita: gobierno, academia y sector agrícola para la revisión profunda del uso del glifosato en México, solicitó un periodo de cinco años para realizar las investigaciones y el desarrollo de sustitutos viables, y que durante este tiempo se permita la reanudación de la importación del herbicida para el uso agrícola en el país.
Señaló que el 50 por ciento del glifosato se utiliza en el sur Sureste y que la prohibición de su uso sin alternativas implicaría dejar de producir más de 76 mil millones de pesos, teniendo mayor impacto en varios cultivos como el maíz, caña de azúcar, jitomate, frijol y trigo, entre otros.
Víctor M. Toledo dijo que no habrá ningún acto de autoritarismo y será importante contar con información fidedigna sobre la evaluación de riesgo de este herbicida en el país, incluyendo la dimensión geográfica, regiones, territorios, pero también cultivo por cultivo.
Mencionó que en esta administración las políticas públicas se sustentan en información actualizada y de alta calidad y en el caso del glifosato se trabaja de manera transversal porque incide en las competencias de otras secretarías.
Aseguró que la Secretaría tomará en consideración las aportaciones del Consejo Nacional Agropecuario, y que se le integrará al grupo de trabajo que realizará la hoja de ruta que se elabora conjuntamente con Sader, la cual prevé la aplicación del principio de gradualidad en el uso del glifosato a cuatro años y la evaluación de riesgo en el contexto mexicano.