En días recientes, dos militantes de Morena impugnaron un acuerdo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México mediante el cual se rescataba la figura del “diputado migrante”, lo cual significa un nuevo obstáculo para que se reconozcan los derechos de los capitalinos que viven y trabajan en el extranjero, alertó la Organización Binacional Migrante Aztlán (OBMA). 

Juventino Montiel, integrante de dicho colectivo, explicó en entrevista con La Jornada que en la primera Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en septiembre de 2018, se logró incluir la mencionada herramienta legislativa, gracias al trabajo de cabildeo que habían realizado diversas organizaciones de migrantes y expertos en el tema desde hace más de 10 años. 

Sin embargo, en noviembre de 2019 la diputada local Leonor Gómez Otegui (PT) presentó y logró que se aprobara una reforma para derogar el puesto de “diputado migrante” del código electoral, con el argumento de que era una figura inconstitucional y que la promoción del voto en ese caso particular era muy costoso. 

Aunque los promotores de esa herramienta le solicitaron a las más altas autoridades capitalinas que frenaran la publicación de la reforma, “contraria al principio de progresividad de los derechos humanos”, hubo una “omisión total” al respecto y finalmente el 9 de enero de este año apareció en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Frente a dicho panorama, la OBMA y otros grupos de migrantes mexicanos en Estados Unidos impugnaron la publicación de la reforma ante la Sala Regional de la Ciudad de México del Poder Judicial de la Federación, instancia que votó a favor de restituir la figura del “diputado migrante”, por dos votos contra uno. 

Sin embargo, César Garrido Carranza y Juan Romero Tenorio, quienes se identificaron como representantes de Morena, acudieron para impugnar el mencionado fallo, lo cual dificulta nuevamente que se discuta la forma de elección del “diputado migrante” y los alcances de su mandato, aspectos que tienen que definirse en breve, señaló Montiel. 

“El Estado mexicano tiene una deuda con los migrantes mexicanos y lamentamos mucho que en la 4T estén pasando este tipo de cosas, que los principios humanistas se vean flagelados por representantes de este tipo. Es triste que se manejen las cosas de esta forma, pero esperamos que esto se resuelva rápido para que sigamos caminando juntos” en la representación de los intereses de los migrantes, señaló.