Ciudad de México. El gobierno de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional en contra del acuerdo emitido el 11 de mayo pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se faculta a las fuerzas armadas para apoyar las tareas de seguridad pública, de manera subordinada a la autoridad civil, y por un periodo de cinco años.
En su demanda, el gobierno de Michoacán alega que el gobierno federal invade sus facultades al permitir el despliegue de tropas dentro de su territorio, además de que este acuerdo sería contrario al texto de la Constitución.
Aureoles ha manifestado su inconformidad con el citado decreto, durante las reuniones semanales que sostiene con los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Colima y Durango, donde también se ha planteado la idea de ir ante la SCJN contra el decreto por las llamadas energía limpias y el pacto fiscal.
La controversia de Michoacán contra el acuerdo sobre la participación militar en tareas de seguridad pública fue presentada ante la SCJN el viernes pasado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo estatal, y fue turnada para su estudio a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, debido a que ya tiene bajo su ponencia otra controversia por el mismo tema, promovida por el municipio de Colima.
Hasta el momento ninguna de estas dos controversias ha sido admitida a trámite.
