Ciudad de México. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que no son tiempos de mezquindades políticas, ni de polarización estéril, sino de estrechar lazos solidarios entre los distintos sectores de la sociedad.
El líder patronal destacó que la emergencia que vive el país tiene el rostro de millones de personas que han perdido su empleo y el de sus familias.
“Es el momento justo para que el gobierno reconsidere su actitud y se sume a este esfuerzo solidario, sobre todo porque apoya mayoritariamente al sector más desprotegido de la población, una de las banderas de este gobierno”, destacó De Hoyos.
En este sentido, la Coparmex propuso la implementación de “Remedios Solidarios”, donde plantea un esquema de participación tripartita en el que trabajadores, gobierno y empresas se unen con el fin de preservar empleos bajo tres modalidades: salario solidario, seguro solidario y bono solidario.
El salario solidario es un salario menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador. Está compuesto por las contribuciones del gobierno, empresas y trabajadores, con el fin de evitar despidos ocasionados por la caída de los ingresos que enfrentan las empresas por el Covid 19.
Con este esquema, el gobierno paga una parte del salario del trabajador formal, el patrón paga otra proporción y el trabajador acuerda recibir una proporción menor del mismo (los trabajadores que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos seguirán recibiendo su salario de forma íntegra durante la contingencia).
El seguro Solidario es un apoyo equivalente a un salario mínimo general para todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo.
En tanto, el bono solidario es un incentivo a la contratación de empleo formal con el fin de recuperar la pérdida de empleo registrada en los últimos meses. Consiste en una contribución del gobierno equivalente a una proporción del salario del trabajador contratado por un periodo de tres meses.
De Hoyos destacó que implementar las medidas descritas tendría un costo aproximado de 204 mil millones de pesos (equivalente al 1 por ciento del PIB.).
Para financiarlas, dijo, la Coparmex propone la adquisición razonable de deuda pública. “Contamos con un nivel de endeudamiento adecuado que lo permite en esta situación de emergencia”.
De no optar por la adquisición de deuda, apuntó el líder patronal, otra opción es la reorientación del gasto público en obras que no son esenciales en la situación actual como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.
“Hasta ahora el gobierno federal sólo ha anunciado 0.10 por ciento del PIB en medidas directas para apoyar a empresas y trabajadores formales. Mientras que por sí solos, trabajadores y patrones aportan cerca de 7 por ciento del PIB por concepto de ISR al año”, puntualizó De Hoyos.