Mexicali, BC., Te vamos a dar otra madriza, te la mereces, le espetaron policías municipales al joven Benjamín Castro Peredo, quien esperaba a su esposa a que concluyera su jornada de trabajo. Es el tercer caso de brutalidad policiaca en Tijuana en menos de tres meses, que dejó saldo de un muerto en marzo y, en este caso, un joven torturado.

Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en lo que va de 2020 ha recibido 175 quejas relacionadas con el actuar de agentes municipales. Aun las estadísticas oficiales indican que la de Tijuana es la corporación que más quejas tiene entre sus cinco similares de la entidad.

En el caso de Castro Pereda, de 26 años, el abogado Jesús Cruz Sandoval, quien hace el acompañamiento jurídico de la víctima, dijo que no hay explicación alguna para el arresto de Castro y mucho menos para que lo torturaran, ni tampoco se cometió ningún ilícito, pues la tarde del 6 de junio Benjamín fue a recoger a su esposa en una estética de la zona norte, un área de alta incidencia delictiva.

Mientras esperaba, los policías detuvieron la patrulla 349 y trataron de detenerlo, él se opuso, reclamó cuando empezaron a golpearlo e intentó huir, lo que los enardeció. A puntapiés y toletazos, los policías del municipio que preside el morenista Arturo González Cruz, lo sometieron y trasladaron a una caseta de vigilancia.

Allí lo torturaron dos horas hasta que, a falta de agua, limpiaron su rostro con Tonaya, una bebida alcohólica, para presentarlo ante el juez calificador, quien fue omiso en el reporte de las condiciones de salud con que llegó y en la certificación médica. Llévenselo de aquí, pues viene todo madreado, dijo el funcionario a los policías que lo dejaron en libertad.

Al día siguiente el agredido presentó una queja en la sindicatura municipal por brutalidad policiaca y una denuncia ante la Fiscalía del estado por abuso de autoridad y tortura, con el folio 0204-2020-22113 del 9 de junio, en el módulo de la mesa de la Fiscalía en Tijuana.

Los denunciados son Alejandro Arcos Salazar, placa 7856, y José Francisco Solís Cárdenas (7340). La síndica María del Carmen Espinoza dio a conocer que ambos fueron separados de sus cargos y se inició un proceso de sanción en su contra.

Respecto de las 175 quejas documentadas por la CEDH en 2020 contra corporaciones policiacas, los denunciantes exigen el respeto de sus derechos vulnerados, entre ellos la seguridad jurídica, el trato digno, la libertad y la legalidad.