Ciudad de México. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que los derechos de los contribuyentes están amenazados, pues consideró que los candidatos a encargarse de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) no cuentan con las características necesarias, pero también están en riesgos sus funciones por el recorte presupuestal.

El organismo empresarial consideró que si bien no se pone en duda la capacidad y trayectoria de las personas propuestas por el Ejecutivo Federal, es necesario que cumplan con los requisitos mencionados en el artículo 7° fracción III de la Ley Orgánica de la Prodecon, es decir, contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación.

Sin embargo, el organismo del sector privado expresó su preocupación recorte presupuestal del 75por ciento que ordenó la Secretaría de Hacienda y Créditos Público (SHCP), pues afectará a la dependencia en sus partidas de servicios generales y materiales y suministros.

Comentó que si se cortan los recursos a la Prodecon se estaría actuando en contra de lo dispuesto en la fracción V, numeral 38 del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, que excluyen del recorte, las funciones que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos.

En ese sentido, destacó que la Prodecon es un pilar en la defensa y protección de los derechos humanos de los pagadores de impuestos.

Comentó que con dicho recorte con dicho recorte, también se violentaría lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Prodecon, en el que se establece que, en ningún caso, el presupuesto que se asigne a dicha institución podrá ser inferior al que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamin señaló que la Procuraduría ha ayudado en el equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y su relación con las autoridades fiscales, además de ser un promotor del cumplimiento y de trabajar en aras de fortalecer la certeza jurídica en la aplicación de las disposiciones fiscales, por lo que llamó a reconsiderar el recorte presupuestal.