Ciudad de México. El sacerdote católico, Carlos López Valdez –que fue sentenciado a 63 años de cárcel, cuya pena es considerada como la más grande en el país por el delito de violación equiparada–, murió de Covid-19 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, pero el religioso “trazó esta ruta de la muerte”, dijo Jesús Romero, una de sus víctimas.

En entrevista con La Jornada, Romero quien dedicó más de 10 años a un largo proceso judicial en el que enfrentó diversos obstáculos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dijo que a pesar de la muerte del sacerdote aún hay temas pendientes, al mencionar que dos obispos que conocieron del abuso del que fue víctima permanecen libres y sin castigo.

Además de que aún falta que se cumplan al menos tres recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México entre las que se encuentran, dijo, una disculpa pública por parte de la ahora Fiscalía General de Justicia local; la reparación del daño, así como la sanción a los servidores públicos “implicados en la obstrucción en la aplicación de la justicia”.

A pesar de estar en prisión y con más de 72 años, el religioso que falleció el 5 de junio pasado, apeló la sentencia en al menos tres recursos y aún faltaban por lo menos dos años de litigio.

Romero lamentó la muerte del sacerdote católico, porque “es algo que no se le desea a nadie por mas mala persona que sea”, y aunque no profesa dicha religión refirió que en su caso no se puede “hablar de justicia divina, (porque) si la hay no la vemos en la tierra”; en todo caso, mencionó que “el sacerdote se ahorró unos cuantos años más en la prisión, no cumplió su condena, se fue antes”.

Indicó que por tratarse de una persona en condición vulnerable por la enfermedad Covid-19 debió estar fuera del reclusorio Oriente, además de que podía haber tenido el beneficio de la prisión domiciliaria si no se hubiera aferrado a las apelaciones de la sentencia.

El 14 de marzo de 2018, la Comisión de Derechos Humanos local emitió un comunicado en el que llamó a “reparar integralmente” el daño cometido en contra de Romero, al recordar que el pasado 8 de marzo de ese año, el Juzgado 55 en materia penal de la Ciudad de México sentenció a 63 años de prisión al sacerdote católico Carlos López Valdez, por el delito de violación.

“El 28 de abril de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 1/2015 por los agravios cometidos en contra de Jesús Romero Colín, por la omisión de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para garantizar el acceso a la justicia de la víctima en un plazo razonable, al haber integrado de manera deficiente su denuncia por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores cometidos en su contra cuando era niño”, refirió en el comunicado.

“La CDHDF continúa su labor para lograr la plena restitución de los derechos de Jesús Romero Colín, a través del pago por concepto de indemnización y el reconocimiento de responsabilidad por parte de la PGJCDMX”, indicó.

El religioso fue arrestado en 2016 por agentes de la Procuraduría capitalina tras la denuncia penal que se inició en su contra en 2008.