Ciudad de México. Luego de que un juez federal suspendió la aplicación la nueva política sobre la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace consideraron este viernes que se trata “del primer paso para luchar a favor de la democratización de la energía eléctrica”.
Ambas organizaciones promovieron amparos en contra de la aplicación del Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de Covid-19, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y del Acuerdo que establece la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener), emitidos el 29 de abril y el 15 de mayo pasados, respectivamente.
Greenpeace obtuvo la suspensión provisional el pasado 25 de mayo por parte del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, y ahora fue también concedida al Cemda, por parte del Juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, Juez Primero de Distrito en dicha materia.
Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Cemda, señaló que “además de que los acuerdos motivo de la demanda fueron emitidos en franca violación al marco legal y constitucional, son medidas regresivas que alejan a México del cumplimiento de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones para mitigar el cambio climático”.
Consideró que se trata de “medidas injustas pues profundizan nuestra exposición a seguir respirando aire contaminado, lo cual nos hace más vulnerables a contraer padecimientos respiratorios y eleva el riesgo de mortalidad en contextos como el actual con la pandemia del Covid-19”.
María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, señaló que “esta batalla judicial es un primer paso para luchar a favor de la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a energías renovables accesibles y asequibles de todas las personas, que ayuden a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, con proyectos comunitarios de generación distribuida”.
Defendió que su oposición a estas políticas no busca proteger “de ninguna manera los intereses de los grandes empresas del sector, porque incluso algunas de ellas, lamentablemente han contribuido a escenarios indeseables, como el despojo de tierras o el atropello a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o equiparables”.
