Monterrey, NL. Tras más de 12 horas de discusión, el Congreso local pospuso por tercera ocasión en el transcurso de 2 años la sanción al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario general de gobierno Manuel Florentino González Flores por el desvío de recursos durante la campaña presidencial del 2018 de "El Bronco".

Con 18 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones se desechó un dictamen propuesto por el legislador petista Asael Sepúlveda ante la Comisión anticorrupción, en donde se buscaba sancionar a ambos funcionarios con una "amonestación pública" y una multa de 90 días de salario a cada uno, que sumaría 317 mil pesos.

Sin embargo, el jueves, el presidente de la Comisión, el diputado de Movimiento Ciudadano Arturo Bonifacio de la Garza circuló un dictamen en donde buscaba la destitución e inhabilitación de ambos funcionarios por seis años.

Desde las 9 de la mañana y por casi cuatro horas, los legisladores discutieron qué dictamen deberían discutir y finalmente, tras una acalorada discusión y votación, se optó por el documento propuesta por Sepúlveda.

Durante la discusión, legisladores del PAN, quien tiene mayoría en el Congreso, del PT y la independiente Claudia Tapia votaron por el dictamen de Sepúlveda.

Mientras que diputados de Movimiento Ciudadano y del PRI aseguraron que el castigo era comparable a un "manazo" y lo calificaron de "light".

Al pasar a Pleno, la discusión se prolongó hasta casi las 9 de la noche, para finalmente ser desechada.

Ahora, el dictamen regresa a la Comisión anticorrupción, donde alguno de los 42 diputados locales tendrá que presentar un nuevo proyecto de sanción.

El Congreso local fue emplazado por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar a ambos funcionarios tras comprobar el desvío de recursos durante la campaña presidencial de "El Bronco" durante 2020.

De acuerdo al Trife, 572 funcionarios públicos recolectaron firmas para la campaña independiente de Rodríguez Calderón.

Aunque en el emplazamiento se solicitaba que la sanción quedara definida desde el pasado mes de diciembre, el Congreso retrasó el proceso, lo que le ocasionó una amonestación por parte del Trife.

De nueva cuenta, el Tribunal emplazó al Congreso a definir la sanción para el 24 de abril, pero el proceso se emplazó ante la pandemia del coronavirus.