El recorte, de acuerdo con distintos alcaldes consultados, impactaría a los rubros de obras y compras, pues no se considera tocar el gasto corriente, es decir, pagos de salarios y servicios.

Ante ello, los titulares de las distintas demarcaciones analizan opciones para mitigar el efecto de este ajuste, entre ellas solicitar que este año no se aplique el presupuesto participativo que se destina a proyectos sugeridos y aprobados por la ciudadanía.

Para este año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó para las 16 alcaldías recursos del orden de 43 mil 717 millones 783 mil 860 pesos, de los cuales 3.25 por ciento, esto es, mil 420 millones 827 mil 475 pesos, corresponden al presupuesto participativo.

Los alcaldes adujeron que ante las medidas adoptadas por la pandemia de Covid-19 se dificultaría hacer las asambleas vecinales que se requieren para la definición de los proyectos, lo que retrasaría aún más la ejecución de los mismos, por lo que ante las actuales circunstancias sería viable hacer uso de esos recursos para otros fines.

Indicaron que de ser aceptada esta propuesta, el Congreso capitalino tendría que hacer las modificaciones correspondientes a la Ley de Participación Ciudadana.

Otros han sugerido que del monto de los recursos que utiliza el gobierno central para realizar las compras consolidadas de las alcaldías, un porcentaje puede ser aplicado directamente por los alcaldes, quienes aseguraron que el recorte los deja con poco margen de maniobra para el resto del año.

Expusieron que, al igual que el gobierno central, se han visto obligados a realizar gastos no previstos para atender la emergencia sanitaria, como la adquisición de equipo de protección, desinfección de espacios públicos y apoyos económicos a la población más vulnerable.

Desde la semana pasada los alcaldes han tenido pláticas individuales con las autoridades del gobierno central, quienes les han expuesto el escenario que se prevé para el resto del año y la necesidad de hacer un replanteamiento de la distribución de los recursos.

El ajuste presupuestal en las alcaldías se sumaría a la reducción de 50 por ciento del gasto corriente en la administración pública local, que generaría ahorros por 20 mil millones de pesos, que serían destinados a programas sociales y obras públicas, según lo informado con anterioridad por las autoridades capitalinas.