Ciudad de México. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la segunda Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Guerrero, en esta ocasión por agravio comparado, la primera la decretó en 2017 por violencia feminicida.

Esta alerta es la tercera que se declara en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello desde 2015 -cuando se decretó por primera vez el mecanismo en el estado de México- a la fecha suman 21 alertas.

En conferencia digital, las organizaciones peticionarias de la AVM por agravio comparado en Guerrero, recordaron que esta solicitud se hizo desde el 8 de marzo de 2019, debido a la grave situación de discriminación contra las mujeres y la falta de acceso a servicios especializados de salud, que incluyen la interrupción legal del embarazo.

Atziri Ávila, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), expuso que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional de enero de 2019 a abril de 2020 se registraron 312 casos de violación en el estado, 389 de abuso sexual y 11 denuncias de aborto.

Viridiana Gutiérrez, del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO), dijo que en los seis meses que el gobierno del estado tuvo para atender las recomendaciones de la Conavim, y con ello evitar la declaratoria, no logró tener la capacidad para garantizar las acciones correspondientes.

Señaló que el grupo de trabajo de la comisión “observó desinterés” por parte del Congreso local para legislar a favor de los derechos de las mujeres ya que no mostró evidencia para reformar el Código Penal y armonizarlo con la norma nacional 046, la cual garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en casos de violación.

“También hubo recomendaciones para la Secretaría de Salud local, para que modificara política pública, capacitara a sus médicos y al personal para la atención de las mujeres, creara una guía de interrupción legal del embarazo”, entre otras acciones, pero no las cumplió.

En el caso de la fiscalía estatal -dijo-, se constató que “no revisó las carpetas de investigación abiertas a mujeres por delitos de aborto”, tampoco “designó a personal para ir a los hospitales, con el fin de que las mujeres pudieran denunciar sin recurrir a varias instancias”.

Las organizaciones señalaron que tras la emisión de la declaratoria de género, el 5 de junio pasado, el gobierno de Guerrero deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, particularmente a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, en un plazo de 30 días deberá enviar a la Conavim un Programa de Trabajo, así como los recursos presupuestales, humanos y financieros que serán asignados para hacer frente a la AVGM.

En este contexto, demandaron a la Conavim establecer claramente el mecanismo que garantice el cumplimiento de las medidas dictadas en la declaratoria, así como el seguimiento y evaluación en donde participen las organizaciones peticionarias y expertas en la materia, así como los organismos internacionales.

Al respecto, Rodolfo Domínguez, de la Organización Justicia, Derechos Humanos y Género, recordó que la participación con voz y voto, efectiva de las organizaciones peticionarias es una de las recomendaciones internacionales que ha establecido el Comité Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).