Madrid. La CIA y el FBI de Estados Unidos tenían documentos, información y hasta soportes gráficos y sonoros sobre la masacre de la Universidad Centromaericana (UCA) de noviembre de 1989, pero “se negaron a dar información, incluso la ocultaron”, relataron varios testigos durante la tercera sesión del juicio en la Audiencia Nacional contra el ex viceministro de seguridad pública y coronal de las Fuerzas Armadas de El Salvador, Orlando Montano.

El único imputado del caso que logró ser extraditado a España -los otros 20 fueron protegidos por el Estado salvadoreño- es señalado como uno de los “autores intelectuales” que promovieron y ordenaron una de los crímenes más atroces de la época.

En septiembre de 1991, casi dos años después de la masacre de la UCA en la que fueron asesinados cinco jesuitas -entre ellos el fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría- y dos mujeres que pertenecían al servicio doméstico, se celebró un “juicio farsa” en El Salvador. La investigación y el proceso judicial lo instruyó el juez Ricardo Zamora, quien según los testigos siempre “tuvo recelos” tanto de la información que le daban las autoridades de su país como la sistemática política de ocultación de pruebas de los responsables policiales de la investigación.

Por eso muchos advirtieron que se trataba de un “juicio farsa”, en el que sólo se pretendía mitigar el escándalo internacional que había provocado el crimen.

Pero en lo que también coincidieron los testigos que comparecieron ante la Sala de lo Penal del tribunal español, frente a la mirada atenta del imputado, el ex coronel Montano, era que tanto la CIA como el FBI ocultaron información y se negaron de forma explícita a colaborar en la investigación, tanto con el juez que instruía la causa como con los observadores y delegaciones internacionales que visitaron el país para intentar esclarecer los hechos.

José Luis Navarro Pinar era letrado de las Cortes españolas cuando una delegación del Parlamento español, en la que había representantes de todos los partidos, viajó a El Salvador para elaborar un informe. El viaje lo hicieron en 1990, pocos meses después de la masacre, y se encontraron un país en llamas, al que acudieron incluso con policías españoles expertos en seguridad para garantizar su protección. Durante aquel viaje se elaboró un informe en el que concluyeron que el juez que está investigando el caso, Ricardo Zamora, “se mostró preocupado por la ocultación de información por parte de los militares salvadoreños, pero también por parte de los aparatos de seguridad de Estados Unidos, de la CIA y el FBI”.

El testigo recordó que si bien no había combates en las calles en aquella época, siempre iban acompañados de seguridad, en un coche blindado y por las noches los helicopteros del Ejército salían a inspeccionar y se escuchaban tiros. “Era una situación peligrosa”, recordó.

Aún así elaboraron un sesudo informe en el que registraron el punto de vista de los principales involucrados en el conflicto, desde fuerzas militares, representantes de la UCA, sindicatos, partidos políticos y agentes sociales. “Una de las conclusiones de casi todos era que había otros autores intelectuales y todos señalaban al Alto Mando del Estado Mayor”.

Otro de los testigos, Enrique Arnaldo Alcubilla, todavía letrado del Congreso de los Diputados, viajó a El Salvador pero un año después, en septiembre de 1991, junto con otra delegación de parlamentarios que asistieron como “obversadores internacionales” al juicio por el crimen de la UCA. Recordó que en aquel juicio todo fue anómalo: los cinco miembros del Jurado permanecieron todo el juicio encerrados en una caja en un costado de la sala, nunca se informó cómo habían sido seleccionados sus cinco miembros, no hubo interrogatorios de ninguno de los acusados, ni testimonios ni se presentaron pruebas. “Todos los testimonios se basaron en declaraciones extrajudiciales. Y durante el juicio imperó la impresión de que faltaban los autores intelectuales que no estaban siendo juzgados”, relató el testigo, quien añadió que “el juez Zamora no estaba cómodo. Además de que hubo destrucción o no aparición de las armas que se habían utilizado para asesinar a los jesuitas. Y los helicopteros militares volaban muy bajo durante el juicio, tanto que en ocasiones no se escuchaba lo que se decía en el juicio. Incluso el jurado se negó a hacer una inspección ocular en la UCA”.

Esta versión la ratificaron los otros testigos que comparecieron, Manuel García Fonseca, Joseba Mirena Zubia Achaerandio, Pere Balta i Llopart, y José María Tamarit Sumalla.