Ciudad de México. El sector privado del país rechazó el aumento de entre 500 y 900 por ciento en los cargos por el servicio de transmisión de electricidad publicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues dicha medida perjudica al empleo, al consumidor final y el diálogo con el gobierno federal.
A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su inconformidad, pues consideró que la actual administración y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ignoraron tanto la Ley de la Industria Eléctrica como el llamado de los empresarios a revocar el acuerdo del órgano regulador para incrementar los costos de la electricidad para satisfacer las exigencias de la CFE.
Comentó que el electrolinazo, como llama la iniciativa privada al porteo, no solo perjudica a la economía, sino también al diálogo constructivo entre el sector empresarial y el gobierno federal.
El CCE abundó que las autoridades siguieron el mismo camino para cancelar los Certificados de Energía Limpia, pues los llamados hechos por el sector empresarial fueron ignorados, mientras que la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales, que delimitan y reconocen el modelo de autoabastecimiento y sus mecanismos para establecer las tarifas de porteo fueron pasados por alto.
Advirtió que el sector industrial y comercial, será el primero en recibir el impacto directo del aumento, pues los nuevos cargos de CFE ponen en riesgo la capacidad de las empresas para pagar sueldos y salarios a toda su plantilla laboral, pues la finanzas de las firmas han sido debilitadas por la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19.
Mencionó que el impacto también se reflejara en directamente a la estructura productiva de una parte significativa del producto interno bruto (PIB), pero la mayor repercusión se verá en el bolsillo del consumidor final.
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Indsutriales (Concamin) considero que la medida impactará en la competitividad de las empresas del sector secundario.
El CCE consideró que el aumento en el porteo se origino en “un contexto de opacidad”, pues está basado en una resolución que aprobó la CRE el pasado 28 de mayo y que aún no es pública.
Además, dijo, la resolución no siguió el proceso de consulta pública y análisis costo-beneficio que manda la Ley Federal de Mejora Regulatoria.
