Activistas de derechos humanos de diversas agrupaciones exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que libere a la defensora feminista Kenia Hernández.

La activista fue detenida el pasado 6 de junio, y se encuentra privada de la libertad en el Penal de Chiconautla, estado de México, en espera de audiencia para determinar su situación jurídica.

En conferencia virtual Gloria Flores de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Javier Romero del Colectivo Zapata Vive, Juan Antonio López de ProDESC, señalaron que Hernandez fue “acusada falsamente de haber cometido el robo con violencia de una cartera con 500 pesos a dos personas que iban a bordo de una camioneta”.

Precisaron que según la acusación el robo habría ocurrido el 19 de marzo de 2020, en las inmediaciones de la caseta de San Cristóbal Ecatepec.

Aseguraron que la Fiscalía utilizó un “reporte elaborado ilegalmente por la empresa Concesionaria Mexiquense (Conmex), donde se detalla el perfil personal y político de la luchadora social”.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, encargado de su defensa legal, e integrantes del Comité por la Liberación de Kenia señalaron que como parte de la investigación en curso contra la defensora, la Fiscalía incluyó como dato de prueba dicho documento, en el que se detallan datos como su nombre, municipio de origen, estado de residencia, domicilio, fecha de nacimiento, edad, RFC, CURP, Clave de credencial de elector y cédula profesional.

El reporte contiene, además, una lista de sus vínculos con movimientos y organizaciones sociales, afinidad política y antecedentes políticos y laborales, que “sólo pudieron ser obtenidos bajo espionaje e intervención de sus comunicaciones”.

Señalaron que además la Fiscalía de Justicia mexiquense tenía un proceso abierto contra Kenia desde el pasado 5 de mayo por la acusación de la empresa Conmex de ataques a las vías de comunicación y daño a bienes, pero de la que no se contaba con pruebas.

“Ahora, convenientemente, la Fiscalía utiliza el señalamiento de Conmex (que incluye el espionaje) para validar el supuesto robo del que se le acusa”.

Detallaron que otras irregularidades que se registran en el proceso penal contra la luchadora incluyen que no se presentó orden de aprehensión en el momento de la detención; que el proceso de reconocimiento facial por parte de las personas que le acusan de robo tuvo irregularidades, y que no existen pruebas de que Kenia estuviera presente en el lugar y tiempo en que supuestamente ocurrieron los hechos.

Indicaron que a cinco días de la detención arbitraria de Kenia “exigimos su liberación, pues consideramos que se le mantiene presa por motivos políticos en clara represalia a su participación activa en la exigencia de liberación de presos políticos, en la construcción de autonomía de pueblos originarios y en la defensa de derechos de mujeres víctimas de violencia”.

Aseguraron que en diversas ocasiones “Kenia ha sido hostigada, perseguida e incluso amenazada de muerte, tanto por agentes estatales como por grupos paramilitares en Guerrero, por lo que, desde 2019, es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

“La detención de Kenia se da en un contexto de represión y detenciones a otras personas que participan en luchas sociales como son Claudia Hernández, defensora de tierra y territorio en San Luis Potosí; Susana Prieto Terrazas, pieza clave en la lucha obrera en la frontera norte del país; y compañeros y compañeras en Jalisco. Se trata pues, de un actuar sistemático que apunta a mermar la lucha social”.

Mañana jueves se realizará la audiencia para determinar la situación jurídica de Hernandez. “De no concederle su libertad sin cargos, de vincularla a proceso, quedará constancia de que, una vez más, el aparato de justicia del estado de México funciona como un títere de intereses de empresas privadas que buscan criminalizar la lucha y protesta social y de que el gobierno estatal y federal actuaron de forma cómplice hasta lograr consumar la persecución de Kenia”.

Subrayaron que más de 500 personas, organizaciones, movimientos, colectivas y personas en el país “nos hemos sumado ya a la exigencia por su libertad, y continuaremos: si el apresamiento de Kenia continúa protestaremos y elevaremos la fuerza de la exigencia colectiva por su liberación a nivel nacional”. 

Demandaron “no más criminalización a la lucha social” y la libertad de Hernández.