Ciudad de México. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso una reforma constitucional para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), que englobaría las funciones que hoy realizan tres organismos autónomos.
Se trata del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Según la propuesta, estos organismos desaparecen, para dar pie al nuevo instituto que, de acuerdo a la iniciativa, se encuadra en el marco normativo del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En la exposición de motivos de esa iniciativa que hoy presenta ante la Comisión Permanente, el senador Monreal argumenta que la propuesta se enmarca dentro de la austeridad republicana y la eficiencia de las instituciones gubernamentales.
De acuerdo con la propuesta, las facultades de la CRE en materia de hidrocarburos no pasarán al nuevo órgano regulador integrado, que contará con el carácter de órgano constitucional autónomo.
"Ello, toda vez que se estima de la mayor relevancia que el Ejecutivo federal, continúe ejerciendo sus facultades de regulación técnica y económica en materia de hidrocarburos, ahora sólo por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos”.
De acuerdo con la iniciativa, el Inmecob tendrá cinco consejeros, con un máximo de tres de un mismo género, que integran el pleno, incluido su presidente. Además, contará con dos salas: la primera sala atenderá temas de competencia y la segunda regulación de redes. Los consejeros serán designados por el Ejecutivo Federal a propuesta del Senado para encargos escalonados de 7 años.
En 2020 el presupuesto del IFT, la Cofece y la CRE suman dos mil 375 millones 356 mil pesos y con la creación del Inmecob disminuiría a mil 875 millones 356 mil 400 pesos.
Es decir, representa un ahorro de 21.05 por ciento, lo cual se traducirá en 500 millones de pesos al año.
El senador Monreal destaca que el objetivo del Inmecob será garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Será, agregó, un órgano constitucional autónomo, dado que el T-MEC obliga a que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, lo que ya sucede con IFT.
En la exposición de motivos de esa reforma a los artículos 27 y 28 Constitucionales, Monreal destaca que en España se creó un instituto con las mismas características, reconocido por autoridades internacionales en la materia.
Hace notar que los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como el sector energético, comparten características comunes, como son Infraestructura de redes, externalidades, economías de escala, existencia de insumos esenciales, necesidad de acceso a instalaciones de operadores históricos, cadenas de producción complejas, complementariedad, compatibilidad y estándares y mercados de pocos competidores.
Todas ellas, sostiene pueden ser ejecidas por el Inmecob, que tendría atribuciones para garantizar la competencia y libre concurrencia en todos los sectores y mercados del país, la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la emisión de la regulación necesaria en esos sectores.
Ese Instituto, resalta, promoverá asimismo el fomento y desarrollo eficiente del sector energético, propiciará la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad.
Agrega que “ha sido clara y abierta la política que sobre esta industria se ha sostenido en esta Cuarta Transformación de la vida pública en México, en el sentido de revertir los efectos perniciosos de la llamada “Reforma Energética”.
Esa política busca especialmente lo relacionado con la obligación del Estado mexicano de lograr la autosuficiencia en la producción de gasolinas y en la extracción del petróleo y sus derivados, añade la propuesta.