Madrid. Orlando Montano, quien fuera viceministro de seguridad y coronel de El Salvador durante los cruentos años de la Guerra Civil, aseguró durante el juicio en su contra que se celebra en la Audiencia Nacional de España que siempre “creí que los terroristas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron los que asesinaron a los curas jesuitas”.
El acusado, que podría ser condenado a penas de hasta 150 años de cárcel, se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones particulares y de la Fiscalía sobre su presunta participación en la masacre del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA), en la que fueron acribillados seis jesuitas, cinco de ellos españoles, entre ellos el fundador de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y dos mujeres que formaban parte del servicio doméstico.
En la segunda sesión del histórico juicio, que por primera vez sentará en el banquillo de los acusados a miembros del Ejército salvadoreño que participaron en uno de los crímenes más atroces de esos años, compareció el único acusado: Orlando Montano, un ex militar de 76 años que fue extraditado hace casi tres años de Estados Unidos, donde se trasladó a vivir después de salir de El Salvador.
Montano asistió al juicio en silla de ruedas, alegando problemas de salud, y se limitó a responder a las preguntas de su abogado, que antes de iniciar el interrogatorio volvió a solicitar la nulidad de la causa, que la Sala de lo Penal rechazó de inmediato. La acusación pretende establecer la responsabilidad de Montano en los asesinatos de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo -todos estos ciudadanos españoles- y de los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.
Montano reconoció que cuando se registraron los hechos él mismo era viceministro de seguridad pública del país y coronel del Ejército, además de que formaba parte del núcleo duro de las Fuerzas Armadas que analizaban la situación de seguridad del país con el entonces presidente, Alfredo Cristiani. En su relato de los hechos, Montano no sólo negó su participación en la masacre, sino que además acusó a Ignacio Ellacuría de haber alentado “el golpe de Estado de 1979” desde la UCA “alentando a jóvenes oficiales a alzarse en armas” y afirmó que tenían la sospecha de que en la sede la UCA se almacenaban armas, munición y hasta se escondían supuestos líderes de la revuelta popular de 1989.
Así lo narró el propio imputado: “El 15 de noviembre de 1989 era una situación muy especial porque estaba en peligro la vida y seguridad de los ciudadanos de El Salvador. Era una situación delicada porque podía haber muerte de gente inocente y era una situación delicada del gobierno. Se celebró una reunión ese día con el presidente y se le explicó la situación que había desde el 11 de noviembre, cuando las fuerzas terroristas se comenzaron a meter en las casas de los ciudadanos de la capital y forzaron a los ciudadanos a tomar las armas en contra del gobierno”.
A juicio de Montano, la situación explosiva del país a raíz de la tensión política que había desde que se acabó con la era de los gobiernos militares, en 1979, que a sus ojos fue un “golpe de Estado” contra el general Francisco Romero. “Ese golpe de Estado fue organizado en la UCA, que era dirigida por el doctor Ellacuría, que era el rector. El convenció a muchos de los oficiales jóvenes que estudiaban en la UCA carreras civiles de que era necesario un cambio y así votaron del cargo al general Romero”.
Montano insistió en que el FMLN eran “terroristas, izquierdistas y comunistas” que intentaron “subvertir el orden” y habrían recibido apoyo económico y de armamento de otros países, en concreto de la Cuba de Fidel Castro. “En el país había un conflicto interno porque el sindicalismo fue infiltrado por la izquierda. Había las instituciones universitarias, que también tenían tendencia hacia la izquierda y siempre estaban tratando de hacer notar a la población de que los gobiernos que había eran ilegales y no respetaban los derechos humanos. Hubo ataques en los que murieron funcionarios y ciudadanos. La situación era tan grave que el presidente declaró el estado de sitio, ya que el FMLN consiguió armas, municiones y avituallamiento militar para tomar el poder utilizando a la ciudadanía como escudo y para provocar a las fuerzas armadas para que ejercieran una acción violenta”.
Después de expresar que “siempre creí” que el asesinato de los jesuitas de la UCA fue obra del FMLN, Montano reconoció que después se probó que los responsables de la masacre fueron un grupo de soldados del Batallón Atlacatl y que habrían recibido la orden de actuar tanto del general Guillermo Alfredo Benavides como del propio presidente Cristiani: “El cateo a la UCA lo solicitó esa reserva del Batallón Atlacatl que se encontraba en la Escuela Militar, ya que decían que el FMLN había introducido armamento y munición en la UCA. Fueron a averiguar eso ese batallón y miembros del servicio de inteligencia. Esa operación la autorizó el Estado Mayor, dio esa orden al general Benavides para que contrarrestara cualquier amenaza”.
Montano añadió que “el licenciado Ellacuría era una de las personas más allegada al presidente, de hecho lo ayudó mucho en los Acuerdos de Paz y gracias a sus recomendaciones hasta le dieron un premio esos días. Yo no tenía nada contra Ellacuría ni contra los jesuitas. Militarmente nunca hubo pretensiones de hacerle daño a él ni a la iglesia ni a la universidad. Tampoco se tenía una convicción clara de que estuvieran participando con el FMLN, política y militarmente, a pesar de que hubo fotografías de curas jesuitas metidos con los guerrilleros, como el cura Jon Sobrino, muy allegado a Ellacuría, el cual tenemos fotografías y videos en los que aparece entrenando a niños de 10 o 12 años y enseñándolos a utilizar el AK-47, un armamento ruso que habían obtenido gracias a la ayuda de Fidel Castro”.
Montano también negó que hubiera intentado encubrir los asesinatos, antes de que el presidente le cesara en su puesto y lo trasladara como agregado militar a México. “Le dije al presidente que para esclarecer los hechos recibiéramos ayuda internacional, de Estados Unidos, de la CIA, e incluso del gobierno español. En ningún momento estuvimos de acuerdo en que se haya dado esa situación. Y en lo personal siempre pensé que los que cometieron el delito fueron el FMLN”.
El juicio continuará en los próximos días con la comparecencia de varios testigos clave para probar la tesis de la Fiscalía y de las acusaciones particulares.
