Mexicali. El máximo órgano de fiscalización de Baja California será el encargado de revisar, auditar y, en su caso, sancionar las últimas cuentas públicas de Kiko Vega y las de Jaime Bonilla Valdez, así como del próximo gobernador, toda vez que durará en el cargo siete años y su gestión concluirá en junio de 2027
El contador Jesús García Castro fue designado por mayoría como titular de la Auditoría Superior del Estado, máximo órgano de fiscalización en Baja California.
Con 23 votos a favor y una abstención, García Castro se convirtió en el auditor general que estaba vacante tras la renuncia de Carlos Montejo señalado por el gobernador Jaime Bonilla de proporcionar información de resultados de auditorías al ex gobernador panista Francisco Vega.
El tijuanense Jesús García fue director de Administración del Congreso del Estado durante la 21 Legislatura, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Partido Revolucionario Institucional.
Formó parte del equipo de Fernando Castro Trenti, candidato en 2013 a la gubernatura por el PRI, PT y PVEM, cuando Amador Rodríguez Lozano era el coordinador general de campaña.
En 2019 se integró a la campaña de gobernador del morenista Jaime Bonilla en 2019, al igual que otros priístas que se adhirieron en bloque al bonillismo, luego que en el PRI desplazaran a la ex dirigente estatal Nancy Sánchez de la postulación para nombrar a Enrique Acosta Fregoso, operador político y de negocios de Castro Trenti.
García Castro buscó la postulación a una candidatura a diputado local pero fue desplazado por candidatos de otras corrientes priístas.
Jesús García integrará el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, cuya modificación propuesta por Morena y sus aliados eliminará a 10 consejeros ciudadanos para tener una mayoría de representantes de gobiernos.
A finales de mayor, el Congreso local y el gobierno de Bonilla "paralizaron" al SEA en espera de una sentencia de la SCJN sobre su supuesta integración, aunque consejeros consideran que se debió al tratar actos de corrupción de la actual administración.
