Al tiempo que esta semana se confirmó el primer caso de Covid 19 en el municipio tzeltal de chilón, en Chiapas, la situación de precariedad en que se encuentran 262 desplazados por la violencia de grupos armados se agrava aún más, toda vez que, como señala el Centro de Derechos Indígenas (Cediac), ni las autoridades federales ni las estatales han atendido de manera adecuada a estas personas, ni se les ha hecho justicia. No reciben ayuda humanitaria, no se propicia su retorno ni se les hace justicia.
En los primeros meses de 2018, inició una ola de violencia contra pueblos de Chilón. “Desde entonces, un grupo civil armado mantiene sitiadas a varias comunidades mediante secuestros, extorsiones, amenazas e intimidaciones, controlan el territorio e imponen el miedo”, reporta el organismo civil. El 3 de junio de 2018, la violencia escaló en la comunidad de Carmen San José, cuando el grupo armado asesinó al joven Marín Luis Gómez Guzmán, y las agresiones con armas de grueso calibre provocaron el desplazamiento forzado de familias enteras.
El grupo armado, procedente de Pechton Icotsilha’, saqueó, quemó cafetales, destruyó viviendas y la escuela primaria. A la fecha impide el retorno de las 34 familias (156 personas), porque dispara a quienes intentan regresar. Además, el 6 de diciembre de 2019, el mismo grupo desplazó a 25 familias (106 personas) de San Antonio Patbaxil.
Las familias en desplazamiento forzado denunciaron despojo, robo, daños, homicidio y secuestro, entre otros delitos, ante la Fiscalía General del Estado, “instancia que se ha conducido sin la debida diligencia en la investigación, sin identificar a los responsables, que permanecen impunes” expone Cediac. A dos años del desplazamiento, el Estado “no ha realizado acciones eficaces de protección y garantía de derechos humanos para las víctimas, ha sido incapaz de brindar seguridad, ofrecer ayuda humanitaria y restituir derechos, incluido el retorno a la comunidad de origen con seguridad”.
Los trámites para acceder a los servicios básicos de salud, alimentación, educación y alojamiento han sido burocráticos, añade. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría General de Gobierno del estado exigen actas e identificaciones, con las que no cuentan muchas de las familias porque se perdieron durante el desplazamiento, y no les otorgan las ayudas. También han incumplido las minutas firmadas en diversas reuniones, “con lo cual se les revictimiza”.
Las familias desplazadas de Carmen San José y de San Antonio Patbaxil, sobreviven en hacinamiento y precariedad, rentando pequeños cuartos o prestando espacios con familiares en otras comunidades. Algunas jefas y jefes de familia migraron a otras zonas del país para buscar trabajo.
Ante la crisis mundial por Covid-19, el Cediac y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas demandaron el 3 de abril de 2020 a los gobiernos federal y estatal, la puntual atención para las familias víctimas de desplazamiento forzado, pues dada su vulnerabilidad tienen un mayor riesgo de contraer el virus”.
Según testimonios de la población, la atención médica que presta el Centro de Salud con Servicios Ampliados en la cabecera municipal es precaria, no hay medicamentos, ni insumos y falta personal médico.
Cediac exige al gobierno garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las 59 familias en desplazamiento forzado de Carmen San José y San Antonio Patbaxil; investigar los hechos que derivaron en el desplazamiento forzado; evitar que ocurra lo mismo en las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tsubute’el Santa Rosa (municipio de Chilón) y Santa Cruz (municipio de Sitalá).
Además, aplicar los Principios Rectores de los Desplazamiento Forzados Internos de la Organización de las Naciones Unidas y de Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos Internos en Chiapas, así como implementar las medidas necesarias para el retorno con seguridad de las comunidades en desplazamiento en Chilón.
