Madrid. La Fiscalía del Tribunal Supremo español solicitó que se abra una investigación formal para aclarar el supuesto blanqueo de una comisión ilegal multimillonaria que habría recibido el rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, quien fungió como jefe de Estado desde el fallecimiento del dictador Francisco Franco (1975) hasta su abdicación en favor de su hijo, en abril del 2016.

La trama de supuesta corrupción, en la que hay varias empresas constructoras involucradas, se refiere a la construcción del tren de alta velocidad a La Meca, en la que el monarca español fue un intermediario y facilitador, por lo que habría cobrado hasta 100 millones de euros.

La Fiscalía decidió trasladar el caso al Tribunal Supremo, una vez que Juan Carlos por su condición de “rey emérito” ya no “inimputable” (como sí lo es actualmente su hijo, el Rey Felipe VI, y él mismo lo fue durante su reinado), pero sí está aforado, por lo que en función de la legalidad española este tipo de casos los asume el alto tribunal.

Se trata de un paso histórico, ya que por primera vez en la historia se investigarán las finanzas y los supuestos delitos de corrupción en los que habría incurrido el rey emérito, quien a lo largo de su mandato tenía la condición de intocable, a pesar de que a su alrededor crecían las sospechas tanto por sus intermediaciones supuestamente delictivas como por la enajenación irregular de recursos públicos en los que también se mezclaba su vida privada, en la que ha habido numerosas relaciones extramatrimoniales.

De hecho una de ellas, la que al parecer fue la última antes de abdicar, ha sido clave para investigar los entresijos de esta trama, una vez que la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein decidió contarlo todo, tanto a la justicia suiza como a varios medios de comunicación, a los que además relató las numerosas amenazas y coaccione que ha recibido tras su desvinculación del rey emérito.

En la trama de corrupción hay varias empresas españolas, entre ellas la multinacional de la construcción OHL, cuyo presidente y fundador, Juan Manuel Villar Mir, tiene varios frentes abiertos en los tribunales españoles y de otros países, incluido México, cuando consiguió un contrato con el gobierno del Estado de México, entonces de Enrique Peña Nieto, para la construcción de una línea de tren.