Guadalajara, Jal., Intereses que vienen no sólo “desde los sótanos del poder en la Ciudad de México”, sino otros que podrían tener infiltrada a la Fiscalía de Jalisco para que policías ministeriales obedezcan instrucciones de la delincuencia organizada, son los responsables de la violencia contra los asistentes a la manifestación del viernes y de las privaciones ilegales de la libertad realizadas por funcionarios de la Fiscalía el viernes, declaró este sábado el gobernador Enrique Alfaro, pese a lo cual la marcha de hoy fue la más numerosa y pacífica en las tres jornadas consecutivas de protesta por el asesinato de Giovanni López.

Acusan a ministeriales

Alfaro y el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, afirmaron que un grupo de unos 10 policías ministeriales que el viernes golpearon a jóvenes manifestantes, los privaron ilegalmente de la libertad, los llevaron a casas de seguridad o a las instalaciones de la propia Fiscalía, les quitaron pertenencias y luego soltaron a muchos en lugares periféricos de la ciudad, podrían haber obedecido órdenes del crimen organizado para tratar de desestabilizar al estado.

“Mi instrucción fue no usar la violencia, mantener la actitud de contención pacífica. Por supuesto que fue desobedecida y desacatada por el grupo de ministeriales que atacó a estos jóvenes ¿Quién dio la orden e instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del estado, tenemos certeza de eso. Lo que tenemos es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia”, declaró el gobernador en un mensaje emitido en sus redes sociales.

Alfaro se refirió exclusivamente al grupo de policías ministeriales vestidos de civil que el viernes estuvo en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado a bordo de camionetas sin logotipo ni placas, “levantando” a jóvenes a quienes también golpeaban, encapuchados que se subían a camiones del transporte público para bajar a muchachos que les pareciera iban a la manifestación.

Pero tanto él como el fiscal Solís –que dio conferencia de prensa luego del mensaje de Alfaro– evitaron referirse a las detenciones igualmente ilegales que se realizaron en otros puntos de la ciudad, especialmente en el centro tapatío donde policías de Guadalajara y estatales uniformados golpearon y detuvieron a más personas, entre ellas un muchacho que sangraba y perdió la conciencia mientras era sujetado por los uniformados, varios de los aprehendidos fueron llevados al Palacio de gobierno.

En su mensaje, para puntualizar que los policías ministeriales actuaron sin acatar sus reiteradas órdenes de no agresión a los manifestantes, Alfaro ofreció una disculpa a los jóvenes vejados, a sus familiares y “al pueblo de Jalisco”, pero insistió en su versión del viernes de que los intentos de desestabilización también provienen de la capital del país.

“Si permitimos que la escalada de violencia siga, vamos a permitirle a estos grupos que desde los sótanos del poder en la Ciudad de México y desde –desafortunadamente también– los intereses del crimen y de la delincuencia organizada, están buscando desestabilizar nuestro estado”, señaló.

Por la tarde, anunció que los 28 detenidos del jueves –entre ellos dos mujeres y seis menores de edad que fueron remitidos al penal de Puente Grande– y un número que no precisó de los que ilegalmente fueron capturados el viernes, fueron puestos en libertad.

El fiscal Solís, quien en su rueda de prensa también ofreció disculpas por lo ocurrido el viernes, indicó que “un mando” de la policía ministerial y otro miembro de la misma fueron detenidos, pero que la Visitaduría General y la Contraloría General intervienen todos los procesos de esa área para dar con la totalidad de agentes que participaron en la privación ilegal de la libertad de los jóvenes.

Ante los señalamientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de que no se le permitió a sus visitadores dar un seguimiento adecuado con los detenidos dentro de la Fiscalía, ahora Solís pidió su acompañamiento en el proceso de investigación.

Sin embargo al cierre de edición, oficiales ministeriales anunciaron que ofrecerían una conferencia de prensa para desmentir que habían actuado por su cuenta y sin acatar las órdenes de sus superiores en la Fiscalía, mientras esposas de los dos detenidos se apersonaron a las afueras de la dependencia para exigir ver a sus detenidos mientras acusaron al gobernador de desatar una “cacería de brujas”.

A pesar de que Alfaro trató de disuadir en su mensaje en redes a la ciudadanía de asistir a la marcha vespertina de este sábado, advirtiendo que la movilización podría ser utilizada de nueva cuenta “por estos intereses que buscan desestabilizar a nuestro gobierno”, la movilización fue la más numerosa en las tres jornadas consecutivas de protesta que se han realizado.

“Existen elementos y datos que nos hacen pensar en la posibilidad de que en las manifestaciones que puedan darse el día de hoy o en las próximas horas puede filtrarse la delincuencia organizada para generar un problema mayor”, expresó.

Pero no lo hubo, en buena medida virtud a la propia organización de los manifestantes quienes desde el inicio decretaron que sería una manifestación pacífica y así lo lograron al impedir, cuando llegaron a Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad, que un grupo de al menos cinco sujetos encapuchados hicieran estallar tres bombas molotov.

Dichos sujetos con botellas de cerveza llenas de gasolina, parecían listos para arrojarlas contra la fachada del inmueble oficial, cuando varios manifestantes se las arrebataron, vaciando luego el combustible.

La marcha, que inició con una vuelta en torno a la glorieta de La Minerva y luego por avenida Juárez se dirigió a la sede gubernamental, en todo momento fue pacífica, si acaso pintas con aerosol en varios inmuebles.

Al llegar a su destino, el edificio estaba rodeado por un cordón humano de policías viales y municipales de Guadalajara, todas mujeres sin escudos ni toletes. También entre las consignas de los manifestantes, la de “venimos en paz, venimos en paz” fue una de las que más prevaleció y mantuvo el orden.

Se guardó un minuto de silencio por la muerte de Giovanni López, el albañil de 30 años que el 4 de mayo pasado fue detenido por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos “por una falta administrativa” y al día siguiente fue entregado a sus familiares muerto, caso que había permanecido sin avances hasta que salió a la luz pública.

Tres detenidos más por el caso Giovanni

Tres policías más de Ixtlahuacán fueron detenidos por su presunta participación en la muerte de Giovanni López, con lo que se llegó a seis uniformados arrestados.

Aún se desconoce el paradero del alcalde de Ixtlahuacán, el priísta Eduardo Cervantes Aguilar, quien el viernes debió presentarse a comparecer ante la Fiscalía del estado.

“Mi compromiso fue el de hacer todo lo que esté en mis manos para que haya justicia para Giovanni y no descansaré hasta que cada implicado en este brutal acontecimiento sufra las consecuencias de sus actos”, publicó Enrique Alfaro la noche de este sábado en Twitter, junto a las fotografías de los tres oficiales detenidos.