Chilpancingo, Gro. El Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) denunció que ayer por la noche en la caseta de cobro Hortaliza- Valle de Bravo, en el estado de México, fue detenida juntos con tres menores de edad la defensora de los derechos humanos Kenia Inés Hernández Montealbán, también integrante del Colectivo Zapata Vive.
Arturo Campos Herrera, miembro del Molpeg, dijo vía telefónica desde Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, que les informaron que Hernández Montealbán fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Chiconautla, en el estado de México “nos dijeron también que ya está interviniendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) y otras organizaciones no gubernamentales”.
Manifestó que la detención, realizada por policías ministeriales y municipales fue un acto de represión e impunidad “la compañera Kenia Inés, contaba hasta donde sabemos, con medidas cautelares, desde hace casi un año”.
Campos Herrera señaló también que los tres compañeros detenidos junto con la activista son parte del Colectivo Zapata Vive y son originarios del municipio de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero “creo que algunos son también sus familiares de la compañera”. Los nombres de los menores de edad son: Moisés Castañeda Lizama y David Martínez Montalbán, de 17 años de edad; y Luis Alfredo Liborio Camacho, de 16 años.
Destacó que al parecer la activista había realizado una protesta en la caseta de cobro “para darle paso libre a los transportistas y parece que ahí les cayeron los policías ministeriales y municipales, y los persiguieron hasta detenerlos; cuando llegaron otros colegas para apoyarlos, ya los habían aprehendido”.
También, Arturo Campos –ex preso político durante más de cuatro años por exigir la libertad de la ahora senador morenista Nestora Salgado–, recordó que el sector de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en San Luis Acatlán, que encabeza Sabás Aburto y Juan Horta “la perseguían porque la acusaban por usar la playera de la CRAC; a pesar de que ella era fundadora de la CRAC en Cochoapa, municipio de Ometepec; y también de la fuga en abril del año pasado, del comandante comunitario Julián Cortés Flores, de un centro de rehabilitación comunitario”.
Señaló que además aquí en la entidad Hernández MontealBán tenía problemas con el gobierno de Héctor Astudillo Flores “y no dudamos que pudo intervenir para su detención”.
Finalmente lamentó que por la pandemia del Covid-19 este día no se hizo el evento para demandar justicia por la muerte de 11 personas en El Charco, el 7 de junio de 1998; “el comisario tuvo temor, debido a que vendrían contingentes de fuera, por eso se canceló, para que no hubiera posibles contagios, como ocurrió en el Cereso de Ayutla, en donde hace unos días murieron dos reos”, dijo.
“No hubo ni misa ni nada, solo se hizo la denuncia de la impunidad que sigue por el caso de El Charco, porque no ha habido castigo para los responsables intelectuales y materiales de la masacre, y los pueblos vamos a seguir exigiendo justicia, porque tampoco nos podrán callar”, concluyó.
