Villahermosa. A 11 años del incendio en la guardería ABC, el gobierno federal refrendó su compromiso para que “no haya impunidad y se castigue a los culpables de esta tragedia derivada de la corrupción y la negligencia”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Informó que el pasado 27 de mayo remitieron un informe del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque “estamos abiertos al escrutinio internacional” y, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, “nos allanaremos a la resolución de la CIDH, porque el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia debe garantizarse plenamente a las víctimas de la guardería”.
En la conferencia presidencial, aseguró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cumplirá cabalmente con las próximas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los litigios que presentaron grupos de familiares por inconformidades con los montos de reparación.
Prevalecen 82 litigios ante la CEAV, y la Corte atrajo tres casos representativos que, dijo, el funcionario, están enlistados para resolverse la próxima semana. “La comisión contará siempre con los recursos necesarios para la atención a víctimas, que en ningún se verán afectados, porque es una de las prioridades del gobierno de México”, sostuvo.
Zoé Robledo, director del IMSS, dijo que esta fecha “no puede olvidarse jamás”. El incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, es “quizá el más doloroso ejemplo de que la corrupción puede llegar a matar, que puede poner en riesgo la vida de las personas y, en este caso, niños”.
Resaltó la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de encontrar la justicia que durante diez año se estuvo negando a los padres de las víctimas. No darle “carpetazo” a las indagatorias.
Dijo que se ha puesto a las familias en el centro de las discusiones y decisiones, a través de un diálogo intenso y de cumplimiento de acuerdos. Destacó la participación de los padres en el comité técnico del fideicomiso que administra los recursos de ABC y dijo que el decreto presidencial, del 12 marzo de 2020, otorga la certeza jurídica de la responsabilidad del Estado mexicano frente a las familias y los niños sobrevivientes.
Aseguró que también se fortaleció la denuncia que presentó el IMSS ante la Fiscalía General de la República. “Hay nuevos hechos, a la luz de la reformas en materia de Derechos Humanos de 2011, hay nuevas responsabilidades, nuevas pruebas”. Resaltó que se ha retomado el proyecto que en 2010 presentó el ministro Arturo Zaldívar y que en aquel año la Corte votó en contra.
“Tenemos confianza que la Fiscalía dará hacia delante toda la investigación sin encubrir a nadie, y para encontrar la justicia que tanto tiempo se ha esperado.
Encinas, por su parte, refrendó el compromiso del gobierno de México “con la verdad y la justicia, y atender el reclamo para que estos hechos no queden impunes y sean sancionados por la autoridad correspondiente”.
Dijo que a la denuncia que presentó el IMSS se suma la petición que diversos padres de los niños víctima de la Guardería presentaron ante la CIDH para la impartición de justicia. “El 27 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con el aval de los padres solicitantes, remitieron un informe del caso” al organismo internacional.
El subsecretario informó que ya se ha hecho reparación del daño, a través del fideicomiso que se formó con recursos del IMSS, a 110 núcleos familiares y sólo queda uno pendiente.
Mencionó que están a la espera de que termine de homologarse la ley de guarderías en todos los estados e informó que está pendiente que la construcción de memoria, porque los padres que se realice hasta que se imparta justicia.
