Ciudad de México. El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres fue producto no sólo de su oposición a un proyecto hidroeléctrico en los territorios del pueblo indígena al que ella pertenecía, sino que se enmarcó en el clima general de violencia e impunidad que promueven grupos de poder económico y político en Honduras, con el auspicio del gobierno de Estados Unidos.

Así lo afirmaron los participantes en un foro sobre el tema organizado por Amnistía Internacional (AI), en el cual la periodista británica Nina Lakhani presentó su libro “¿Quién mató a Berta Cáceres? Represas, escuadrones de la muerte y la batalla de una defensora indígena por el planeta”.

La comunicadora, especialista en temas de justicia ambiental, narró durante el webinar que conoció a Cáceres en 2013, cuando la activista indígena lenca enfrentaba “cargos falsos” por parte de la empresa que pretendía construir una represa hidroeléctrica.

Luego de rememorar que la defensora decía “cuando me quieran matar, me van a matar”, Lakhani señaló que ella misma comenzó a sufrir actos de intimidación por parte de diversos grupos de poder político y económico en Honduras por publicar notas sobre la lucha de diversas comunidades originarias contra la instalación del megaproyecto eléctrico, financiado por empresas internacionales.

“Al sacar esas notas, empezó el acoso de parte de políticos de Honduras y de Estados Unidos. Como periodista, me pareció una indicación clara de que las élites no quieren que siga investigando, pero este trabajo se convirtió en un libro, y cuando empecé a hacer una investigación más profunda para entender quién mató a Berta, supe que había que entender el contexto geopolítico de Honduras y del mundo”, explicó.

De acuerdo con Lakhani, en el asesinato de la defensora de derechos ambientales, ocurrido el 2 de marzo de 2016, tiene mucho que ver la decisión de los gobiernos hondureños de “vender los recursos naturales del país, sin consulta, sin análisis adecuado y a través de la represión, para imponer megaproyectos en territorios indígenas y rurales”, con el aval y la ayuda de Estados Unidos.

La periodista también recordó cómo fue blanco de una campaña de desprestigio en la cual se le acusó de “terrorista” y de pertenecer al “crimen organizado y la insurgencia violenta”, por lo que tuvo que extremar precauciones durante su estancia en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para los comunicadores.

“Fue un ambiente hostil, pero el objetivo del libro fue a contribuir a la justicia. Hay silencio, miedo y amenazas de gente con poder económico y político, pero no ha podido silenciarme a mí, ni a Berta ni al Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras)”, enfatizó.

Lakhani señaló, por otra parte, que la pandemia de Covid-19 ha servido como pretexto para imponer más restricciones de movimiento y para limitar a los periodistas a salir a las calles, al tiempo que consideró que el racismo es parte fundamental del sistema que facilita el asesinato de defensores de derechos humanos, especialmente los originarios de pueblos indígenas.

De su lado, el ambientalista mexicano Gustavo Castro resaltó el legado de Berta Cáceres y subrayó que su lucha no sólo fue contra una empresa, sino contra el modelo económico neoliberal basado en la explotación irracional de los recursos naturales de las comunidades.

“Berta representaba una resistencia tenaz, con mucha coherencia con una movilización impresionante. Honduras es un ejemplo muy fuerte de la resistencia contra megaproyectos como minas, represas, monocultivos de palma, oleoductos, extracción de petróleo, etcétera”.