El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar,desestimó la acusación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien achaca a partido mayoritario en el país la responsabilidad de las acciones de protesta contra su gobierno, a quien un amplio sector de la sociedad atribuye el homicidio del ciudadano Giovanni López. 

“Se trata de una postura desesperada de un gobernador que, cada día, tiene un menor apoyo de los habitantes de Jalisco. Primero atribuye esos lamentables sucesos (las protestas) al presidente de la República, y después rectifica apuntando a nuestro partido y su dirigencia. Enrique Alfaro debe demostrar dos cosas: primero en quienes, y en qué condiciones quitaron la vida al ciudadano Giovanni López, y demostrar sus dichos. Eso se llama mentir a la sociedad y refugiarse en la impunidad”. 

El dirigente morenista además exigió a Alfaro una rectificación pública de los señalamientos contra Morena. Sin polemizar también reconoció que el gobernante, de origen priísta y después convertido en militante de Movimiento Ciudadano, actúa con una visión electoral, ante la caída de las preferencias entre los habitantes de Jalisco. 

También el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya emitió, en sus redes, un mensaje donde condena y se suma a la exigencia nacional porque se aclare el asesinato. “Las políticas de represión son prácticas obsoletas. Rechazo las acciones que violenten los derechos humanos. Lo correcto es esclarecer los hechos y aplicar todo el peso de la ley a los responsables”. 

Por otra parte, Verónica Juárez coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados demandó se investigue el homicidio y en su caso se sancione a las autoridades municipales que deliberadamente trataron de ocultar los hechos y pidió además que se indague si funcionarios de la Fiscalía General de Jalisco fueron omisos en la investigación de este caso. 

Expuso que los actos suscitados ayer “son resultado de estas complicidades y omisiones y porque lo que se ha explicado hasta este momento para justificar los hechos es increíble e injustificable y por la lentitud con la que actuaron todas las autoridades involucradas, desde los superiores de los policías municipales, pasando por el presidente municipal, hasta el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado”.