Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación y “su más enérgica condena” al uso de la fuerza y a todo intento por violentar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a propósito del caso de Giovanni López, quien murió bajo custodia policial en Jalisco hace un mes.

En un comunicado, el organismo recordó que el pasado 3 de junio de 2020 se difundió un video donde se observa a elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, detener a Giovanni López con uso excesivo de la fuerza.

La detención se dio el pasado 4 de mayo y, según notas periodísticas, un día después fue hallado sin vida en el Hospital Civil de Guadalajara, donde los registros indican que falleció por traumatismo craneoencefálico y lesiones, entre ellas un disparo en la pierna.

Al respecto, la CNDH enfatizó que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los Estados tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público”, pero hay límites a los que debe sujetarse el uso de la fuerza, “lo anterior sin importar la gravedad de ciertas acciones ni la culpabilidad de sus autores”.

El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, según la jurisprudencia interamericana, “está limitado por la excepcionalidad y la proporcionalidad. El uso de la fuerza debe ser la ultima ratio, ya que puede ser usada sólo cuando se han agotado y fracasado todos los demás medios; es decir, si el uso de la fuerza es el primer y único recurso éste será inconvencional”.

La propia CIDH, añadió la Comisión Nacional, establece que los principios que deben regir el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado son: la legalidad, la absoluta necesidad y la proporcionalidad, con el propósito de respetar en todo momento el derecho inderogable a la vida, pues el Estado no podrá justificar la privación de la vida de una persona como resultado del uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada.

Debido a lo anterior, la CNDH “expresa su preocupación y su más enérgica condena al uso de la fuerza y a todo intento por violentar el derecho a la libre manifestación de las ideas”.

Asimismo, señaló que a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, “ha permanecido atenta de lo acontecido, siempre en comunicación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, y está valorando su participación, para asegurar la prevalencia de los intereses de las víctimas”.

En ese marco, hizo un “enérgico llamado” para que las autoridades municipales y estatales encargadas de la seguridad ciudadana, realicen diversas acciones, entre ellas: asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos, con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19, cumpla con los requisitos establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

De la misma forma, pidió garantizar el derecho a la protesta, definiendo y aplicando protocolos de uso de actuación policial, con base en los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad; vigilar que los cuerpos de seguridad respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran bajo su custodia, y realizar una investigación apegada a derecho que permita clarificar las condiciones del deceso de Giovanni López, además de sancionar y reparar los daños causados por el uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada.