San Cristóbal de Las Casas, Chis. La indígena Marcela Hernández Pérez, de 50 años de edad, desplazada desde hace más de cuatro años del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, falleció en el albergue en que se encontraba junto con 253 personas más, informó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.
El activista dijo que es la tercera persona que muere en situación de desplazamiento desde el 26 de mayo de 2016 en que el grupo fue desarraigado por diferencias políticas con la entonces alcaldesa, Rosa Pérez.
Informó que los desplazados, que habitan en un albergue ubicado en esta ciudad, bloquearon este viernes la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, para demandar a las autoridades una solución de fondo al problema, comenzando con el retorno a su comunidad.
Señaló que se desconocen las causas de la muerte de Marcela, quien deja huérfanos a siete hijos. “No sabemos de qué murió, tenía desvanecimientos desde antes, por lo que una doctora de la Secretaría de Salud le recetó un medicamento, pero no fue suficiente”, añadió.
Cadenas Gordillo expresó que antes de Marcela fallecieron en situación de desplazamiento, una niña de 11 años y otra de nueve meses, y el 26 de mayo de 2016 cuando fueron desplazados murieron Guadalupe Cruz Hernández y una niña. “O sea que ya van muriendo por este conflicto cinco personas en total: cuatro mujeres y un hombre”.
En su opinión, el desplazamiento “ha influido en la muerte de estas tres personas, por el estrés causado ante la incertidumbre de si habrá o no comida, de estar fuera de su comunidad y por las amenazas constantes del grupo armado que los desplazó”.
Afirmó que el bloqueo, que comenzó a las 9:00 horas de este viernes, “es para exigir que se resuelva de fondo el problema, que se avance en las Carpetas de Investigación iniciadas y se desarticule grupo armado que impide el retorno de las familias”.
Comentó que los familiares de la difunta han pedido al alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, que se permita sepultarla en el ejido Puebla, pero les respondió que la comunidad se opone, por lo que le solicitaron que se autorice enterrarla en el panteón municipal ubicado en la cabecera y les contestó que lo consultará con oso representantes.
Cadenas Gordillo dijo que Mariano Gómez Sántiz, esposo de Marcela, es primo hermano del alcalde, originario de la población mencionada y “uno de los que encabezó el desplazamiento el 26 de mayo de 2016, por lo que debería de estar en la cárcel”.
Sostuvo que Cruz Gómez “es el principal opositor al retorno, que está condicionando a que sea liberado Javier Gómez Gutiérrez, el único preso por el homicidio de Guadalupe Cruz Hernández, ocurrido el 26 de mayo de 2016, ya sentenciado a 26 años de cárcel”.
