La Secretaría de Gobernación solicitó información de las carpetas de investigación por el probable uso excesivo de la fuerza pública por lo sucedido en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y Tijuana, Baja California, en el contexto de medidas restrictivas ante la emergencia sanitaria por Covid-19.  

“Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos”, la dependencia condenó los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables. 

El primer caso se trata del joven Giovanni López, golpeado y detenido por presuntos elementos de la policía ministerial supuestamente por no portar cubrebocas como se observa en un video difundido el pasado miércoles en redes sociales.

De acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien identificaron como trabajador de la construcción y al día siguiente fue reportado como fallecido.

“El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.

También redes sociales circuló un video por los hechos del 28 de febrero en el que se observa la detención, en una gasolinera, de una persona en situación de calle, quien falleció supuestamente en custodia de la policía municipal de Tijuana. 

Ante el establecimiento de las medidas sanitarias a causa del coronavirus COVID-19 se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública, añadió Encinas.

Dijo que las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas.

Pidió a las autoridades estatales y municipales a no caer en acciones de intolerancia.

“No se deben fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de estos lamentables hechos”.