La iniciativas tendentes a prohibir la pirotecnia en territorio nacional y la autorización de portación de armas a policías fuera de servicio propiciaron visiones encontradas en un encuentro virtual de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. El presidente de ese grupo de trabajo, Benito Medina (PRI) solicitó a los integrantes de ese grupo leer los textos de ambas propuestas, y prepararse posteriormente a dirimirlas en una futura sesión presencial.
Guillermina Alvarado (Morena), secretaría de la comisión, refirió el contenido de las propuestas. El primero considera prohibir penalmente la actividad de pirotecnia en el país con la imposición de uno a dos años de prisión. Y permitir a los policías que porten sus armas en todo momento para garantizar su seguridad, pues cuando se encuentran fuera de servicio son víctimas de agresiones. Incluso busca eliminar las atribuciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) respecto al control de armas.
Durante el encuentro, Dionisia Vázquez (PT) reprochó el contenido del documento, pues ella es dirigente nacional del gremio de productores de pirotecnia. “Es una falta de conocimiento porque se afectaría a muchos, que no se sigan dando los ataques a los productores”, consideró.
Y respecto a la demanda de las organizaciones de personas autistas, cuya bandera es prohibir la producción de cohetes y fuegos artificiales, la representante petista replicó: “Que no se lleven a personas autistas a los eventos donde se dan fuegos pirotécnicos. Hay 60 mil permisos en el país para la pirotecnia. Pienso que debemos analizarlo mucho, no podemos castigar a nadie que está trabajando en una cosa lícita, tenemos permisos de la Defensa Nacional. Si nos vamos a comprometer a quitar el trueno fuerte, nos vamos a comprometer muchos niveles de trueno. Es un arte la pirotecnia, son obras de arte las que queman los compañeros. Económicamente hay una derrama de más de 7 mil millones de pesos”.
La secretaria de la comisión la diputada Alvarado, le había buscado una sociedad de personas autistas “para que dejemos a un lado la actividad de la pirotecnia. Pero esta actividad es una de las tradiciones heredadas en el estado de México. Que podamos realizar un análisis exhaustivo para trabajar en un dictamen, porque no queremos dañar a nadie”, repuso.
En torno a la actividad policial, Carmen Julia Prudencio de Movimiento Ciudadano (MC) defendió su propuesta, anteponiendo que la actividad del policía es una actividad riesgosa. “Los policías son víctimas del crimen organizado. La propuesta no es que se armen todos los policías fuera del servicio, sino aquellos que participan en operativos relevantes. La pistola Beretta tiene un costo de 11 mil pesos, y es el precio del costo de vida de los policías que son sorprendidos en un acto en su contra. Negar la posibilidad de portar las armas a los elementos policiacos sería discriminatorio”.
Guillermina Alvarado (Morena), enunció la vertiente central de la propuesta, misma que debería ser replanteada. “El dictamen ratifica la atribución de la Defensa Nacional para normar la posición y uso de armas de fuego. El texto no arroja claridad. Tanto la Sedena como la Segob ejercen facultades para el control de armas. La Segob es cabeza de sector de política interior del país, y se estaría cortando las atribuciones de la Segob en materia aduanera, en Morena consideramos que se podría revalorar la iniciativa, y armonizar el tema.”
Así, el presidente del grupo de trabajo, el general en retiro, Benito Medina, adujo que habrá tiempo de revisar el contenido de ambas propuestas y “no se preocupen por el análisis, preocúpense por leerlos, estos temas no nos afectan a nosotros directamente, sino son los sectores de la sociedad a quienes afecta.”
