La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) advirtió que el decreto de medidas de austeridad publicadas el pasado 23 de abril “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, y aunque ayer mismo la Secretaría de Gobernación aseguró que no se verán afectadas las labores de dicho organismo, su titular Mara Gómez Pérez señaló que el tema del recorte presupuestal aún no se ha aclarado totalmente.
En entrevista con La Jornada, la funcionaria lamentó que, de concretarse, la baja de 75 por ciento en el gasto corriente del organismo a su cargo podría significar prácticamente su desaparición, lo que dejaría indefensos a los más de 7 mil 200 usuarios que actualmente dependen del organismo.
Durante la mañana del martes, la CEAV dio a conocer un largo comunicado en el que advirtió que, “resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal”, pues no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de sus servicios son subcontratados y gran parte del personal fue contratado “de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing”.
Consultada sobre el tema vía telefónica, Gómez explicó que de su gasto corriente disponible de 189.7 millones de pesos –basado en las partidas presupuestales 2000 y 3000, correspondientes a “Materiales y Suministros” y a “Servicios Generales”--, la política de austeridad implicaría un recorte de 139.4 millones.
Además, 121.9 millones ya están “comprometidos” en 43 contratos firmados para renta de inmuebles, contratación de personal a través de outsourcing, seguridad, telefonía, servidores de Internet, viáticos, papelería y otros servicios básicos para el funcionamiento del organismo.
“Estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno debe ser austero, especialmente por la difícil situación existe por los efectos del Covid-19, pero la CEAV tiene la particularidad de depender de los capítulos presupuestales 2000 y 3000, lo que la hace exageradamente vulnerable en esta situación. [...]Nunca había visto una institución con tal de vulnerabilidad por la manera en que fue creada. Esto es algo que tiene que cambiar, no debe funcionar así”, enfatizó la titular del organismo.
De acuerdo con Mara Gómez, la fragilidad del organismo no sólo obligaría a que buena parte de su personal ya no pudiera seguir laborando, no sólo por falta de recursos para pagar sus sueldos, sino porque los edificios donde laboran no son propiedad de la CEAV y ya no habría dinero para cubrir el alquiler de los inmuebles. Incluso, dijo, los servidores en donde se encuentran alojados los datos del Registro Nacional de Víctimas (con más de 34 mil beneficiarios) no le pertenecen a la comisión.
Gómez saludó que muchos de los trabajadores del organismo decidieron seguir laborando a pesar de que en este momento no hay certeza sobre la disponibilidad de recursos para cubrir sus sueldos, pero se cuestionó qué va a decirle a los familiares de víctimas de desaparición, feminicidio y otras violaciones graves de derechos humanos si la Comisión no puede seguir laborando de manera normal.
Al preguntársele si el gobierno federal podría tener el propósito de desaparecer el organismo a su cargo, la funcionaria dijo: “no creo que haya esa intención. Es simplemente un momento de discusión en donde se está analizando qué instituciones lo resienten más. […] Son momentos de definiciones, estamos en pláticas con Hacienda y todos debemos ponernos la camiseta”.
Gómez Pérez dijo confiar en que el actual panorama sobre el destino de la CEAV “se va a arreglar de alguna manera”, al tiempo que señaló que el pronunciamiento de la Secretaría de Gobernación donde asegura que “no se afectará ninguna de las funciones sustantivas ni se paralizarán las actividades de ninguno de sus organismos” aun no es garantía de que el recorte de 75 por ciento ya no se llevará a cabo.
Fuentes del organismo explicaron que “hasta este momento, la Secretaría de Hacienda no ha notificado algo a la CEAV. Por lo tanto, el recorte por 139.4 millones de pesos se mantiene vigente.
“Si Hacienda determinara realizar una ampliación líquida al presupuesto de la CEAV, tendría que registrarse una comunicación verbal entre los titulares y acordar la cantidad de recursos que aplicarán a los capítulos 2000 y 3000, respectivamente. Posteriormente, las áreas administrativas aplicarán los movimientos en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias.
“Otra opción es que la Secretaría de Gobernación (Ramo 4) acuerde entregar parte de su presupuesto a la CEAV (Ramo 47). Para este acuerdo entre Ramos, sería necesario un convenio que firmarían el Oficial Mayor de la SEGOB, con el Director General de Finanzas de la CEAV, en el que señalen el monto de recursos que serán transferidos y las partidas correspondientes. Ninguno de esos dos escenarios ha ocurrido”.
Por otro lado, las fuentes consultadas indicaron que hasta el momento no hay claridad sobre el número de trabajadores eventuales o contratados por outsourcing que no decidieron no continuar laborando en la Comisión, luego de que se les notificara sobre la falta de recursos para pagar sus sueldos, pero indicaron que si el tema presupuestal se resuelve, dichos empleados podrían volver a sus puestos para aprovechar su expertise.
