Ciudad de México. La cuarentena por la pandemia de Covid-19 se tradujo en un empeoramiento del trato de las autoridades hacia los familiares de personas desaparecidas, quienes prácticamente nunca tuvieron oportunidad de hablar con algún funcionario para darle seguimiento a sus casos, e incluso fueron obstaculizados para que no pudieran avanzar por su cuenta, señaló un estudio de organizaciones civiles.

De acuerdo con una encuesta realizada entre el 20 y el 24 de mayo pasado por Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas –con apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos-- a consecuencia del Covid la gran mayoría de las personas que tienen a algún pariente desaparecido vieron agravada su situación económica, la cual de por sí ya era precaria.

El sondeo fue realizado en línea y en él participaron un total de 674 familiares de personas víctimas de desaparición, provenientes de 19 estados de la República, y los resultados del estudio fueron sistematizados en un informe que las organizaciones civiles le enviaron el 1° de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los principales hallazgos figura el hecho de que sólo el 5.5 por ciento de las personas encuestadas dijeron haber tenido algún tipo de contacto personal con una autoridad desde el inicio de la crisis sanitaria, mientras el 49.1 por ciento señalaron que no tuvieron contacto alguno. Un 33 por ciento dijo haberlo tenido por teléfono y otro 20 por ciento a través de Internet.

Por otra parte, el 72 por ciento de las personas consultadas señalaron no haber recibido ayuda de alguna institución pública desde el inicio de la contingencia por el coronavirus.

Las dependencias a las que acudieron sin éxito fueron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (19.5 por ciento), la Secretaría de Gobierno estatal (18.3 por ciento), el Ayuntamiento (17.8 por ciento), y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría de Bienestar federal o local (16 por ciento).

En términos generales, la mayoría de las personas encuestadas señalan que el apoyo brindado a las familiares de personas desaparecidas y localizadas sin vida desde el inicio de la crisis sanitaria por Covid-19 ha sido muy deficiente o deficiente, siendo peor calificadas las autoridades municipales (74.72 por ciento), seguidas de las autoridades federales (68.01%) y estatales (63.79 por ciento).

El 70.88 por ciento de las personas encuestadas señalaron que autoridades les han impedido realizar acciones desde el inicio de la crisis sanitaria, el 17.05 por ciento del ellas consideraron “excesivo” el impedimiento impuesto por la(s) autoridad(es).

Asimismo, entre los impactos inmediatos sufridos por las personas encuestadas desde el inicio de la crisis sanitaria se destaca la reducción total o parcial de sus ingresos económicos (72 por ciento), mayor dificultad para ser informadas sobre de la investigación de su caso (53.7 por ciento), restricción de su movilidad (53 por ciento), mayor dificultad para participar en sus respectivos colectivos (51.4 por ciento) y mayor dificultad para realizar acciones o participar en diligencias de búsqueda (50 por ciento).

De igual manera, se reveló que hubo mayor dificultad para agendar reuniones con las autoridades para el seguimiento de su caso (49.19 por ciento), afectación a su salud mental (49.19 por ciento), restricción de sus actividades recreativas (43.85 por ciento), imposibilidad de acudir y/o llevar a los los niño(s) a la escuela (42.88 por ciento), mayor dificultad para comprar alimentos (38.51 por ciento), mayor sensación de inseguridad (35.11 por ciento) y pérdida del empleo (30.58 por ciento).

En material laboral, la mayoría de las personas encuestadas señalaron haber perdido su empleo como consecuencia de la crisis sanitaria (34.47 por ciento), haber conservado su empleo pero con un remuneración parcial (16.83 por ciento) o incluso sin remuneración (8.64 por ciento). El 24.60 por ciento reporta que ya se encontraba desempleada ante la crisis sanitaria. Sólo un 15.37 por ciento reportan haber conversado su empleo y el mismo nivel de ingresos.